Este lunes pasado el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, dio a conocer la detención de Manuel Mireles, exdirigente de las autodefensas en la entidad. A su vez en Uruapan el Ejecutivo inauguró la primera etapa de la carretera Morelia-Uruapan, y más tarde, desde la misma localidad, encabezó el cierre del mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en compañía del gobernador interino Salvador Jara Guerrero. Pareciera que, a diferencia del gobierno anterior, la actual administración ha puesto en marcha una estrategia, que va más allá del enfrentamiento al narcotráfico. Pero ¿cuáles son los resultados y qué implicaciones ha tenido?
Si bien existió la creencia de que resolver el problema desde el ámbito federal regresaría la estabilidad a Michoacán, lo cierto es que los michoacanos aún están muy lejos de que la crisis de inseguridad que enfrentan esté por resolverse. El número de denuncias de los principales delitos violentos se mantuvo casi igual entre enero y abril de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, buena parte de la pacificación se ha dado en la Ciudad de Morelia mas no así en el área rural.
El no desarrollar una capacidad policiaca y judicial en Michoacán ha hecho que las soluciones sean principalmente la incorporación discrecional de ciertos grupos de autodefensas, así como la detención de uno que otro cabecilla del crimen organizado. Asimismo, la cooptación de ciertos grupos armados a la nueva Fuerza Rural ha creado una división en las mismas autodenfensas que por el momento ha permitido controlarlas, pero que a su vez favorece la aparición de nuevos actores en la lucha por el monopolio de la violencia.
Lo que cada vez queda más claro es que si bien se apagó el fuego por el momento, la razón por la que Michoacán es un foco rojo es por la incapacidad que se vislumbra en el futuro de ser un estado soberano. La entrada del comisionado Castillo implicó un acto violatorio a la constitución al transgredirse las facultades del Congreso local y alterar la jerarquía entre la autoridad estatal y la de la federación. En ese sentido, a pesar de que se mantiene la percepción de progreso, el estado está más lejos y no más cerca de ser capaz de atender su crisis.
Finalmente, otro riesgo es que al final prevalezca una visión de partido y no de Estado. Con las elecciones locales que se avecinan el próximo año, la postura del Gobierno Federal se ha enfocado en un fin mayoritariamente político al promover una percepción positiva del estado. De hecho, todas sus baterías están enfocadas a ganar la elección o minimizar pérdidas el año próximo, no a construir una base sostenible de seguridad pública. Si hacemos un balance de la cantidad de recursos –tanto de capital humano, como económicos y de atención mediática– que se han destinado para la aún lejana resolución de la situación en Michoacán, habría que preguntarse qué podemos esperar de entidades como Tamaulipas y el Estado de México, en donde también prevalece un clima de inseguridad que ya se salió de las manos del los gobiernos locales. Lo que debemos de vigilar es que no acabemos en el peor de los dos mundos: con un gobierno que centraliza pero que aún así no puede resolver.
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