La Cámara de Diputados publicó esta semana la convocatoria para renovar a tres consejeros del Instituto Federal Electoral. En una inusual decisión de abrir el proceso, se permitió la inscripción de prácticamente cualquier ciudadano con título profesional y no sujeto a proceso penal. Sin embargo, la realidad es que los partidos siguen dominando los nombramientos, evaluación y designación de los nuevos consejeros. Si la intención de remover al anterior Consejo era superar los vicios de inequidad y falta de independencia, este relevo forzado aunado a un proceso sesgado por cuotas partidistas no abona a la ciudadanización del instituto ni mucho menos a la democracia en su conjunto. En cambio, promueve un proceso político controlado por los partidos, con reglas puestas por estos para su beneficio.
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