En diciembre de 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que suspendería permanentemente la realización de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). La justificación de tal medida fue que, como parte de la reforma educativa, la prueba debería ser aplicada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y que éste a su vez aún no contaba con las condiciones a fin de llevarla a cabo.
Respecto a la cancelación de ENLACE, llaman la atención varios aspectos. Destacan la tradicional falta de continuidad de las políticas públicas entre sexenios –más ahora que hubo transición partidista—, así como el bajo compromiso del actual gobierno federal con los instrumentos de evaluación de desempeño y rendición de cuentas. Sin embargo, aún más preocupante es descubrir cómo el tema educativo, supuestamente fundamental en la estrategia gubernamental de “mover a México”, no tiene carácter prioritario. Las leyes reglamentarias del INEE, en las cuales en efecto se le faculta para realizar las evaluaciones al sistema educativo –y, por consiguiente, tanto a maestros como a alumnos—, fueron aprobadas desde septiembre de 2013. En dichos ordenamientos también se mandata el diseño de una política nacional de evaluación educativa, cuya responsabilidad recae en el Ejecutivo, es decir, en la SEP. Casi cinco meses han transcurrido desde su decreto y el arranque de la implementación concreta de la reforma educativa brilla por su ausencia.
Es cierto, la cancelación de ENLACE no es sinónimo de fracaso de la reforma educativa. Sin embargo, es inevitable la aparición de fantasmas que alertan acerca de espectaculares aprobaciones de leyes que terminan derivando en nimios o nulos cambios en el statu quo. Las razones de ello suelen ser múltiples, desde la negligencia, la falta de seguimiento (el cual realiza de manera complementaria la ciudadanía, aunque no necesariamente encuentre oídos en la autoridad), la corrupción y, muy importante, las resistencias al cambio. En el caso del tema educativo, éste último elemento ha sido clave. Si bien el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) terminó disciplinándose ante la reforma (tras la aprehensión de Elba Esther Gordillo), la llamada disidencia magisterial agrupada en la Coordinadora Nacional (CNTE) continúa en pie de lucha (y negociación). La CNTE retrasó y hasta consiguió modificaciones en las leyes secundarias del año pasado. Hoy, el empantanamiento de la puesta en marcha de la reforma podría estar encarando el mismo obstáculo, pero el gobierno no ha sabido lidiar con él.
Volviendo a ENLACE, queda pendiente lo que sucederá con los recursos ya destinados para la realización de la prueba en 2014. Del mismo modo, ha estado ausente una reacción clara y convincente tanto de la SEP como del INEE respecto a las causas de la suspensión del examen y las propuestas para reanudarla o sustituirla. En repetidas ocasiones se han criticado aspectos metodológicos de la prueba, se ha hecho énfasis en sus deficiencias operativas, se ha cuestionado su impacto positivo en la carrera magisterial y en la calidad de la preparación que reciben los estudiantes. Definitivamente, muchos elementos justifican la modificación o sustitución de la prueba en un esfuerzo por mejorarla, pero nada explica que se elimine el único instrumento de evaluación censal de desempeño de la educación en México. Sin la prueba ENLACE no hay otra herramienta para conocer los avances de la educación y sin un sustituto de la misma queda en el limbo la posibilidad de contar con un instrumento de seguimiento. Esta preocupación ha sido expresada en fechas recientes por cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y padres de familia. Aunque es prematuro saber cuál será el efecto de esta presión social, el tiempo sigue corriendo y “las perlas de la virgen” prometidas por la reforma, las cuales de por sí requieren de mucha inversión en años, siguen brillando por su ausencia. ¿Será la misma historia con el resto de las “reformas estructurales”?
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