El regreso del PRI a Los Pinos ha cumplido su segundo año el pasado 1 de diciembre. Hace apenas unos meses, cuando el 11 de agosto se promulgaron las leyes secundarias de la reforma energética, el presidente Peña dio por concluido (así lo declaró él mismo) con el proceso de transformaciones legislativas que completaban su proyecto de gobierno. Unas semanas más tarde, los trágicos acontecimientos de Iguala, acaecidos el 26 de septiembre, significarían un punto de quiebre al parecer inesperado para la administración federal. Sin embargo, aun cuando la coyuntura fue sorpresiva, el error estructural de haber pretendido ocultar la realidad de una degradante crisis de inseguridad usando sólo una estrategia de silenciamiento mediático del asunto, no sólo le ha estallado al gobierno federal en las manos, sino que ha desnudado una inquietante impericia en el manejo del problema. Para ahora es claro que el gobierno fue sumamente diestro para avanzar su agenda pero extraordinariamente inhábil para responder ante circunstancias imprevistas. Esto ha incidido de forma directa en los niveles de aprobación del titular del Ejecutivo federal, los cuales nunca fueron del todo presumibles, pero tampoco habían alcanzado las profundidades del 39 por ciento que marcó la encuesta publicada en el diario Reforma justo el día del segundo aniversario de la gestión Peña (y eso que las encuestas publicadas fueron levantadas antes del asunto de la casa presidencial). Así, de cara al comienzo del crucial tercer año de la administración, ¿cuáles son las señales rumbo al futuro inmediato para el gobierno?
Para nadie es un secreto que uno de los elementos fundamentales en los cuales el presidente Peña decidió sustentar su estilo de gobernar, ha sido la elaboración de una imagen de eficiencia y éxito. La firma del Pacto por México permitió fraguar dos estrategias de gobierno triunfantes: la primera, la puesta en marcha de un acuerdo de gobernabilidad legislativa que le permitió al presidente, a diferencia de lo ocurrido con sus antecesores panistas, construir una alianza con los dos principales partidos de oposición a fin de aprobar las once reformas estructurales de todos conocidas; la segunda, exacerbar el debilitamiento de la oposición, la cual ya se encontraba en estado crítico tras la derrota electoral de 2012, pero cuya identidad se diluyó todavía más con el pacto de colaboración con la administración federal. No obstante esos logros, el desgaste de sus efectos positivos para el gobierno ha llegado demasiado temprano. Peña no pudo conmemorar los dos años de su gestión cobijado en la imagen exitosa que en algún momento pudo enarbolar, sobre todo a los ojos del exterior. Si bien es cierto que el entusiasmo interno se circunscribió a unos pocos sectores y que, además, el camino tampoco fue terso –basta recordar el descontento de la clase empresarial con la draconiana miscelánea fiscal para 2014, la reticencia del ala nacionalista del PRI frente a la reforma energética, y la bomba de tiempo que se incubó dentro de los partidos de oposición con las expectantes disidencias contra sus dirigencias nacionales—, parece que el gobierno federal siempre tuvo claro que su objetivo no era tanto conseguir el beneplácito del interior, sino forjar una imagen atractiva en el extranjero y, por supuesto, en los potenciales inversionistas en sus planes económicos. Esto se tambalea peligrosamente.
Tras la crisis de Ayotzinapa, independientemente de que la coyuntura haya tenido su origen en un problema de jurisdicción local, el gobierno federal ha tenido una reacción desfavorable que lo mantiene paralizado, sin idea clara de su rumbo en el corto plazo (más allá de la nitidez que tiene por conseguir tener buenos resultados en los comicios intermedios de junio de 2015), y obligado a pronunciarse en el tema que siempre evadió: la inseguridad. El problema se torna más sensible porque la inseguridad no sólo es una cuestión de policías y procuración de justicia, sino también desata varios factores que siempre han sido lesivos para el actual partido en el poder: la corrupción, el abuso del poder y la torpeza en el control del orden público (al menos dentro de un entorno democrático que le fue ajeno en sus primeras siete décadas en la Presidencia de la República). El decálogo ofrecido por el presidente Peña el pasado 27 de septiembre, es una medida desesperada que, a pesar de incluir algunos puntos interesantes, no conducirá en sí mismo al alivio de la difícil situación presente, mucho menos abonará a la sanación del deterioro de imagen del gobierno. Más importante, en lugar de proponer acciones concretas, el planteamiento es de propuestas legislativas cuya viabilidad y tiempo de implementación son obviamente inciertos y no comprometen al Ejecutivo.
Por último, a nadie debe sorprender si en las próximas elecciones federales (renovación de la Cámara de Diputados) y estatales (entre las que se ponen en juego nueve gubernaturas), el PRI obtiene resultados suficientes para hacer valer su dominancia en el entorno político nacional. La maquinaria priista, cuya operatividad no fue atacada ni desmantelada por los gobiernos panistas, está muy bien aceitada con los recursos disponibles desde la administración federal, a lo que se adiciona la crisis que afecta alos partidos de oposición. Sin embargo, el quid del asunto no es únicamente asegurar la permanencia en posiciones de poder. Eso era suficiente en los tiempos del autoritarismo posrevolucionario, pero es inviable en las condiciones actuales. Si el gobierno del presidente Peña no logra hacer despegar la economía más allá del crecimiento inercial que podría generarse el próximo año, ni asegura un ambiente adecuado de seguridad tanto para la población, como para los inversionistas que pretendan venir al país y, sobre todo, falla en consolidar un entorno de gobernabilidad y credibilidad institucional, se estará gestando una pesadilla de la que el PRI, aun con su confianza en los vicios del sistema político, podría salir muy mal librado. Y lo que eso implique para la estabilidad económica.
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