Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó en contra del proyecto del Ministro Arturo Zaldívar en el que se proponía la liberación inmediata de la francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro. Desde que Zaldívar publicó su proyecto de sentencia, el asunto se colocó como prioridad en la agenda nacional. La opinión pública se dividió entre aquellos que defendían la supremacía del debido proceso y otros que consideraban que mantener a Cassez en reclusión era una forma de respetar los derechos de las víctimas de secuestro -en este último bloque se encontraba el Presidente Felipe Calderón quién no dudó en provocar a la Corte con sus declaraciones durante los días anteriores a la sesión. Sin embargo, contrario a la interpretación que los medios nacionales le han dado a la resolución de la primera sala, los detractores del proyecto de Zaldívar no pueden cantar victoria aún.
La consecuencia de esta decisión es que otro Ministro deberá elaborar un nuevo proyecto que logre alcanzar un voto favorable de la mayoría. Durante la sesión fue posible observar que sólo un Ministro, Ortiz Mayagoitia, considera que las pretensiones de Cassez son improcedentes. Los cuatro restantes coinciden en la existencia de serias violaciones al proceso, sin embargo, sólo dos ministros -Zaldívar y Sánchez Cordero- consideraron que tales deficiencias ameritaban anular la sentencia en contra de la francesa y eliminar posibilidad de que el proceso se repusiera. En cambio, Cossío y Pardo Rebolledo consideraron que ni el montaje ni la demora en la asistencia consular desacreditan la base probatoria y, en todo caso, lo que tendría lugar es la reposición del procedimiento. Con esta discusión como precedente, lo que puede esperarse en los próximos días es un nuevo proyecto que conceda el amparo solicitado por Cassez pero sólo para efectos de que la sentencia sea emitida nuevamente.
Aunque aún no hay nada escrito en piedra, lo que queda claro es que la SCJN perdió una oportunidad de erguirse como la institución que logra imponer consecuencias reales a la arbitrariedad de la autoridad: tres ministros de la SCJN sostuvieron que la demora en la puesta a disposición y en la asistencia consular, así como el montaje, no constituyen elementos suficientes para viciar todo un proceso penal. Con esta consideración, la Corte ha quitado el dedo de la yaga y un gran peso de encima a la Procuraduría General de la República (PGR): autoridad responsable de todas las violaciones al debido proceso alegadas en el caso Cassez. Celebrará también el 53% de los mexicanos que considera, según una encuesta de Parametría, que Florence Cassez debe permanecer en la cárcel a pesar de las irregularidades en su detención. Sin embargo, habrá que esperar para conocer el verdadero desenlace de esta historia. La libertad de Cassez es aún una posibilidad latente. Queda una oportunidad más para que la SCJN valide el sistema de justicia existente o imponga los estándares de calidad suficientes para lograr un sistema moderno de justicia, compatible con el esquema democrático formalmente vigente.
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