La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha evolucionado. Basta con leer las resoluciones que surgen del caso Rosendo Radilla -activista víctima de desaparición forzada a manos del Ejercito- para reconocerlo. El máximo tribunal ha empezado a erguirse como un defensor de derechos fundamentales. Que este proceso empiece hasta ahora no es una casualidad. En 1994, cuando se planteó el nuevo diseño de la Corte, la meta era construir un arbitro imparcial y creíble que clarificara las reglas de un juego que México aún no conocía: la democracia. Es por ello que su trabajo se centró en resolver conflictos entre poderes y en revisar que las normas generadas se apegaran a la Constitución. Pero siempre hay un costo de oportunidad y, en el caso de México, fue contar con un tribunal que no dotó de contenido a los derechos más básicos y, mucho menos, los defendió. Esta semana, ese arquetipo podría haberse roto.
Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizara al Estado mexicano de la desaparición de Radilla -pero sobretodo, después de que el gobierno hiciera caso omiso a las obligaciones derivadas de esa sentencia- el ministro Ortiz Mayagoitia sometió al pleno de la SCJN una consulta a trámite para saber si la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Radilla derivaba, o no, en obligaciones para el Poder Judicial. Esta consulta le permitió a la Corte interpretar el artículo 1º de la Constitución y decidir sobre dos temas paradigmáticos: el fuero militar y la aplicación de normas internacionales en materia de derechos humanos. La decisión plantea dos nuevas reglas. La primera es que, si se trata de violaciones a derechos humanos por parte de miembros del Ejército, el fuero ya no será militar y será la justicia civil la que conozca y resuelva el caso. La segunda es que todos los jueces antes de aplicar una norma deberán verificar si se transgrede, o no, los tratados en materia de derechos humanos (este ejercicio también se conoce como control de convencionalidad).
Una decisión de esta naturaleza tiene implicaciones en este sexenio. Los métodos que han usado los militares en la lucha contra el narcotráfico, la advertencia de la ONU sobre el problema de desapariciones forzadas en el país y el proyecto de Ley de Seguridad Nacional son situaciones que deberán de revisarse a la luz de la sentencia de la Corte. Saber si el Poder Judicial se enfrentará a una cascada de casos de violaciones a derechos humanos es difícil de saber. Pero es buena noticia, sin duda, que esa puerta se encuentre cada vez más abierta y, también lo es, una Corte que pueda dar mayor vida a la Constitución.
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