La filtración a medios de comunicación de las grabaciones que vinculan al Diputado Godoy con el crimen organizado asentado en Michoacán han logrado revertir el respaldo político con el que hasta hace pocos días contaba. El propio PRD, consciente de que los costos de arroparlo se habían incrementado a niveles insostenibles, presionó al legislador para que renunciara a su militancia. La opinión pública, en general, se ha volcado a descalificar –sin juicio previo– al diputado.
Ante esta situación Godoy tendrá que decidir entre continuar su defensa legal –en libertad– con el fuero constitucional que su cargo le otorga, o solicitar licencia y ponerse a disposición de las autoridades federales. Lo primero, más allá del resultado del proceso legal, pondría a Godoy ante el escarnio público. Por otro lado, si solicitara licencia, la autoridad federal tendría que presentar todas las pruebas que debieron ser reunidas durante el tiempo en que el legislador estuvo en calidad de prófugo –a partir de que se giró la orden de aprehensión. En caso de que la PGR solicitara su arraigo se haría evidente que la autoridad ministerial, o no cuenta con los suficientes elementos legales que acrediten su culpabilidad, o las pruebas en su contra no son suficientes o carecen de valor procesal.
Ante la falta de eficacia del sistema de procuración e impartición de justicia en el país, el litigio en los medios de comunicación a través de la filtración parece ser la salida más recurrente en casos de alto impacto. Lo contradictorio es que esta práctica pone en riesgo el propio proceso penal y la eventual desestimación de las pruebas –que debieran estar bajo custodia de la autoridad encargada de procurar justicia. El costo para la autoridad será muy alto si no logra encontrar la culpabilidad que en los medios ya se dictó.
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