Este 5 de junio se llevaran a cabo elecciones en 13 entidades federativas del país. Una de ellas es Tamaulipas, en donde se elegirá un nuevo gobernador, 22 diputados y 43 alcaldes y ha sido uno de los estados más golpeados por el crimen organizado. En este estado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) nunca ha perdido la gubernatura; sin embargo, durante las últimas semanas la contienda electoral entre los dos punteros, Baltazar Manuel Hinojosa del PRI-PVEM-PANAL y Francisco Javier García Cabeza de Vaca del PAN, se ha hecho cada vez más cerrada – una de las encuestas más recientes declaran un margen de alrededor de 4 puntos porcentuales entre el primer y segundo lugar.[1] Esta situación ha desatado una serie de acusaciones entre los distintos candidatos por supuestas ligas con el crimen organizado. El PRI acusó ante la Procuraduría General de la República (PGR) al candidato panista, no sólo de tener apoyo del narcotráfico, sino también de favorecer las intimidaciones y amenazas hacia candidatos opositores con el fin de debilitarlos. De igual forma, el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Valdez, anunció que planea solicitar al Instituto Electoral local suspender las elecciones en municipios como Hidalgo, Villagrán y Mainero bajo el argumento de que no existen condiciones de seguridad para que el proceso electoral se lleve a cabo.
Más allá de las acusaciones entre los candidatos y el juego político entre competidores, es pertinente dimensionar las consecuencias que tienen la violencia y el crimen organizado en el plano electoral. En primer lugar, existe un efecto de disuasión y autoselección entre diversos candidatos, lo cual termina por minar la competitividad de las elecciones. La incidencia del crimen organizado a nivel local, así como los altos niveles de inseguridad, limitan o reducen el número de candidatos que se atreven a competir e incluso incrementan la probabilidad de que candidatos ya registrados prefieran renunciar durante el proceso electoral. Todo esto termina por reducir significativamente las alternativas que se presentan ante los electores. En segundo lugar, la presencia del crimen organizado y la violencia asociada a éste- en especial la violencia dirigida a candidatos o funcionarios públicos en periodos electorales- puede influir en las decisiones de los ciudadanos, desde salir a votar o no, así como su elección de partido político.
- Violencia y reducción de alternativas
El protagonismo de la violencia en las elecciones dista de ser novedoso. Desde 2006, la crisis de seguridad y la escalada de la violencia en estados específicos de la República han influido las elecciones en dos niveles: como tema de debate entre los candidatos, y en la selección, calidad y competitividad de los mismos. Desde 2007 hasta junio de 2015, más de veinte candidatos y cuarenta líderes y activistas políticos han sido asesinados, y cientos más han sido amenazados.[2]
Especialmente a nivel estatal y municipal las instituciones gubernamentales son el objetivo central de las bandas criminales que buscan asegurar recursos económicos públicos y tener injerencia en las instituciones de procuración de seguridad y justicia para evitar que sean usadas en su contra. Durante muchos años, el análisis de la influencia del crimen organizado en el plano electoral se limitaba a los mecanismos de financiamiento ilícito o a las movilizaciones que estos grupos hacían a favor de un candidato u otro. Hoy en día, se observa una incidencia (in)directa mucho mayor, y que afecta el factor más esencial de una elección democrática: quien compite y quién no. En este sentido, Tamaulipas ha sido uno de los estados más afectados y su situación continúa agravándose. Vale la pena recordar que en 2010 el candidato a gobernador del PRI-PVEM-PANAL, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado mediante una emboscada en la carretera Ciudad Victoria-Soto la Marina a tan solo seis días de las elecciones.
Durante el proceso electoral actual la presencia de los grupos del crimen organizado ha logrado limitar el espectro de competencia y el número de alternativas disponibles para los electores. Hoy en día, la disputa entre cárteles del narcotráfico ha provocado que en 7 municipios haya una ausencia total de candidatos.[3] Asimismo, de acuerdo al Instituto Electoral de Tamaulipas, al menos 56 candidatos a presidentes municipales, regidores y sus suplentes, han renunciado a participar en la elección debido a presiones del crimen organizado o “por motivos personales”. Entre éstos destacan las renuncias de los candidatos del PRI y PRD quienes explícitamente justificaron su retirada debido a la presión e influencia del crimen organizado en municipios como Hidalgo, Villagrán, Mainero, Camargo, Mier, Díaz Ordaz y Miguel Alemán.
El hecho de que un partido deje de postular a alguien tiene un enorme impacto para los electores. Antes que nada, hay una afectación en la calidad de la elección provocada por la disminución de competencia real entre los partidos. Esto no sólo disminuye el número de alternativas, sino que inclusive puede reducir también la calidad de las propuestas de política pública de los candidatos en cuestión, y más adelante podría limitar la habilidad de gobernar de las distintas administraciones.
- Violencia y participación
Por otro lado, la violencia presente en un estado o municipio y que no es producto exclusivo de las elecciones sino inherente a las condiciones de inseguridad permanentes, también tiene un impacto significativo en el comportamiento de los electores. La caída en la participación electoral es una de las consecuencias más evidentes de la violencia. Esto se debe a que, por un lado, el día de los comicios puede tener lugar mayor violencia como resultado de la lucha política o del propio crimen organizado que busca antagonizar al Estado. Por otro lado, el incremento de la inseguridad da lugar a una erosión de la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones y autoridades vulnerando el vínculo entre la ciudadanía y los gobernantes y, por ende, inhibiendo los incentivos a ejercer el voto.
La violencia afecta los niveles de participación de la ciudadanía. De hecho, cada agresión registrada hacia algún candidato disminuye la tasa de participación electoral en un punto porcentual. [4] Asimismo, un aumento en la tasa de homicidios dolosos en el municipio disminuye la participación de los ciudadanos en la elección (ver gráfica 1).
Gráfica 1. Participación electoral y homicidios dolosos a nivel municipal (2000-2014)
Fuente: Violence and Citizen Participation in Mexico: from the Polls to the Streets
Asimismo, la evidencia empírica en Tamaulipas confirma los hallazgos previamente mencionados. La tasa de participación para la elección de gobernador en 2010 tuvo una variación considerable entre los municipios de alto riesgo y el resto del estado exhibiendo niveles de 51 y 61%, respectivamente.[5] En este sentido, si bien no se puede afirmar una causalidad directa entre la violencia y la baja participación electoral, es pertinente resaltar las diferencias en el comportamiento de los ciudadanos, al menos en lo que se refiere a su voluntad de ir a votar el día de la elección.
Conclusión
Robert Dahl señalaba que la democracia es aquel sistema donde la oposición tiene posibilidades reales de competir y, en un segundo momento, de asumir el poder. En México, con el alza de la violencia y la inseguridad durante los procesos electorales, las posibilidades reales de competir se han acotado debido a lo peligroso que representa ser candidato en ciertas localidades del país. La prospectiva no es muy optimista. Los incentivos que tienen los grupos del crimen organizado para incidir en los procesos electorales no son sólo evidentes; son lógicos. Las elecciones son un mecanismo perfecto para que el crimen organizado garantice que las estructuras de poder se alineen con sus intereses y puedan imponer redes de influencia y protección a las autoridades locales durante las administraciones en turno. Si bien esta influencia en términos electorales no es nueva, durante los últimos años se ha visto la expansión de dichos efectos. En primer lugar, en términos de quién compite, y en segundo lugar, en las tasa de participación electoral. Más allá del resultado específico de los comicios, la inseguridad en las elecciones tiene el peligro de minar la credibilidad y la legitimidad de los ganadores. El riesgo de esta situación va más allá de lo que pase el 5 de junio, y definitivamente va más allá de Tamaulipas. Si se continúa por este camino, se corre el riesgo de que la violencia no sólo termine por definir el resultado electoral, sino que también decida agendas de política pública y de gobierno. Aunado a esto, si la inseguridad sigue disuadiendo la participación electoral, este equilibrio se reforzará a lo largo del tiempo, y finalmente perderemos de la manera más sutil la libertad primaria de la democracia: la capacidad real de elegir y ser elegido para un cargo público.
Coordinadora: Mariana Meza
Editora: Lorena Becerra
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[1] Consulta Mitofsky. “Tamaulipas: Tendencias Electorales. 16 de Mayo”,
[2] Trejo, Guillermo y Ley, Sandra. “Municipios bajo fuego (1995-2014)”, Nexos, 2015.
[3] http://www.proceso.com.mx/440775/renuncias-candidatos-en-cascada-en-tamaulipas-van-70
[4] Ley, Sandra, “Violence and Citizen Participation in Mexico: from the Polls to the Streets”, Wilson Center, (disponible en: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Violence%20and%20Citizen%20Participation%20in%20Mexico_0.pdf).
[5] Por municipio de alto riesgo se entiende aquellos que tienen índices de homicidio dolosos superiores a la media estatal y cuentan con una fuerte presencia de carteles o han sido territorio de disputa entre ellos.
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