El decline de uno de los postulantes a consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Ciro Murayama, ha reanimado la discusión en torno al Instituto y a las implicaciones de que continúe sesionando sin tres consejeros -cuando el proceso electoral de 2012 inició hace un mes. Entre la ausencia de reglas específicas para el nombramiento, la pasividad de los legisladores y la aparente capacidad de los seis únicos consejeros para balancear todas las funciones del IFE, parece que el status quo beneficia a todos y será difícil de modificar. Ante el incumplimiento del Legislativo al mandato constitucional, la solución de corto plazo fue dada por la Junta General Ejecutiva del IFE, quien aprobó un presupuesto adicional de 150 mil pesos mensuales a cada consejero para las contrataciones necesarias a fin de enfrentar la carga de trabajo para éste y el siguiente año. Sin embargo, no puede pasarse por alto que la configuración de un órgano colegiado requiere de un número impar de miembros pues, con sólo seis consejeros, el peligro es que decisiones de primera importancia se queden paralizadas, por ejemplo, la sanción por 288.8 millones de pesos en contra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
No sólo la incapacidad para formar mayorías de un consejo incompleto se ha puesto en duda, más aún, la legalidad de todos sus consensos ha sido cuestionada. Es por ello que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo que dirimir las dudas y resolvió el mes pasado que las resoluciones que tome el IFE con sólo seis integrantes son válidas y legales. Así, aunque la capacidad de respuesta del IFE ante las quejas de los partidos en el proceso electoral se vea afectada, la situación pasa a segundo plano pues, en última instancia, la legalidad del proceso electoral -y también la última palabra sobre todas las decisiones del IFE- la otorga el TEPJF. Después de meses de incertidumbre, lo que parece quedar claro es que, mientras las funciones administrativas y jurisdiccionales se cumplan a cabalidad, es decir, si el IFE y el TRIFE tienen un desempeño adecuado, el proceso electoral se desarrollará sin mayores contratiempos.
El escenario anterior le ha quitado la tranquilidad a muchos. Para quienes participaron en la transición democrática de este país, el IFE fue la pieza fundamental y, en ese sentido, sus vicisitudes se perciben como inaceptables. Eso explica la postura de Ciro Murayama, quien al declinar su candidatura al puesto de consejero afirmó que la no designación de tres consejeros implicaba un revés a la consolidación de la democracia. Sin embargo, es precisamente la transición a la democracia la que ha traído un Poder Judicial en posibilidad de relevar al IFE en su función arbitral y, con ello, acentuar el perfil administrativo del Instituto. Este nuevo equilibro se pondrá a prueba en las próximas elecciones y sólo entonces se decidirá si los cambios impactaron de forma negativa a la democracia o forman parte de un proceso natural de evolución institucional.
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