La naturaleza “ciudadana” del Instituto Federal Electoral (IFE) parece haber quedado atrás. Una vez que el Instituto proveyó de legitimidad al arranque del proceso de transición democrática en el país, su carácter ciudadano ha sido reemplazado por intereses netamente partidistas. Ello se refleja tanto en el proceso para nombrar a los nuevos consejeros electorales (inclusive en su remoción), como en el perfil de los candidatos, quienes pasaron de ser personajes con alto prestigio social y una imagen “ciudadana” –aunque con una innegable afinidad partidista– a personas de menor perfil profesional y con una correspondencia más directa a los intereses de los partidos (y no de los ciudadanos).
El resultado es el progresivo debilitamiento del IFE como órgano encargado de garantizar no sólo la realización de los procesos electorales, sino también, que éstos se realicen con un mínimo de equidad e imparcialidad; dando paso a una instancia únicamente responsable de tareas administrativas y desapareciendo su carácter político; trasladándoselo, en los hechos, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en años recientes ha adquirido gran protagonismo político, asumiendo funciones de árbitro electoral (responsabilidad originaria del IFE) más que de instancia encargada de garantizar la legalidad de las decisiones del propio instituto electoral.
Es innegable que la creciente partidización del IFE beneficia directamente a los partidos políticos, quienes cuentan con representantes reales de sus intereses en el propio Consejo General, demeritando claramente la naturaleza “ciudadana” del instituto y por consiguiente la correspondencia de sus decisiones con los intereses de los electores.
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