Como cada año, la “cuesta de enero” se vuelve blanco de la discusión política. Se trata de un tema delicado para el Gobierno Federal y electoralmente rentable para la oposición. Ciertamente, la percepción de una mayor inflación, aunada a una lenta recuperación, afecta la opinión que la sociedad tiene del rumbo de la economía del país, y por lo tanto, del PAN en víspera de las elecciones de 2012.
Esto ha llevado al Gobierno Federal a reaccionar de forma contradictoria ante declaraciones de grupos productores de tortilla e industriales anunciando un alza de precios. Si bien se aclaró que, en el caso de las tortillas, se trata de un mercado cuyos precios fluctúan por la disponibilidad de los insumos, la respuesta gubernamental desembocó en un “pacto” para controlar el aumento de los precios y amenazas de castigo por parte de la Secretaría de Economía por incumplimiento del acuerdo.
El Banco de México asegura que la inflación está bajo control, reportando inclusive un aumento menor al de enero del año pasado –en parte por un necesario cambio en la definición de la canasta básica. Sin embargo, los partidos de oposición (particularmente el PRI) aprovechan la desconfianza de las personas hacia la información gubernamental para exigir un cambio en la política económica. Se trata de un discurso cuyo propósito es mermar la confianza de los ciudadanos en el Gobierno para aprovechar los beneficios en las urnas. Más allá de la coyuntura, la pregunta relevante es hacia qué tipo de decisiones de política pública lleva esta forma – que privilegia la lógica electoral – de abordar los temas económicos.
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