A finales de la semana pasada, el periódico Reforma publicó una serie de datos que invitan a reflexionar si la estrategia del Presidente Calderón ha sido de algún modo eficiente o eficaz. En los últimos cinco años, la Federación ha destinado casi 96 mil millones de pesos a combatir los índices de delincuencia en el país. Después de una inyección de recursos de esa magnitud, debió observarse una reducción significativa de delitos cometidos. Sin embargo, la realidad está lejos de empatar con aquellas expectativas. De 2007 a 2010, las tasas de homicidios ya habían aumentado en 700% y las del secuestro en 100%. Estos datos no sólo representan un reto para el gobierno en turno. Son una realidad que deberá ser enfrentada, por lo menos en el discurso, por los candidatos a la Presidencia en los próximos meses. Si bien los aspirantes reconocen que la inseguridad es un tema prioritario para la ciudadanía, hasta ahora, ninguno se ha aventurado a detallar un plan sobre cómo se hará cargo del problema.
Lo que sí se sabe -por los distintos textos que los candidatos publicaron durante sus precampañas- es que dentro de las propuestas generales para acabar con la inseguridad existen tres puntos de coincidencia con la estrategia actual: 1) reconocen que se deben depurar y capacitar corporaciones policíacas, 2) asumen que existe un largo camino por andar en términos de inteligencia criminal en del país y, 3) todos se han olvidado de que los Ministerios Públicos (MP) son una pieza clave para controlar los índices de delincuencia del país. Este último punto resulta omisión preocupante pues, finalmente, es el MP la institución encargada de acusar a quienes cometen un delito ante un juez, es decir, es el abogado de la ciudadanía. Sin embargo, al no haber colocado los reflectores sobre esta institución, lo que se ha observado durante los últimos años es que el MP no ha logrado hacer frente a la ola de violencia en México. No lo ha logrado, en buena medida, porque su dinámica interna le impide priorizar los delitos que más afectan a los ciudadanos y dedica recursos institucionales casi idénticos a una denuncia de robo de autopartes que a una de extorsión o secuestro.
Para solucionar las omisiones del gobierno en turno y establecer prioridades dentro de las procuradurías, el próximo Presidente habrá de examinar cuáles de todas las formas de delincuencia son las que verdaderamente han modificado toda la dinámica social, las que sí impactan la percepción de inseguridad de los mexicanos, y atacarlas con especial ímpetu. Reconocer estas diferencias y establecer prioridades puede ser el primer paso para hacer eficientes los recursos públicos, controlar los índices de violencia en el país y devolver a la ciudadanía un poco de tranquilidad. Al final del día, no puede obviarse que muchas propuestas que se construyen alrededor de un proceso electoral requieren, aunque de manera tangencial, de un sistema de justicia que funcione.
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