La normatividad actual prohíbe hacer campañas del 16 de febrero al 30 de marzo. Durante este periodo -denominado inter-campañas- no será posible que los candidatos se comporten como tales. Sin embargo, estos políticos sí tratarán de atraer el voto de los ciudadanos utilizando medios alternativos a los tradicionales para lograrlo y tendrán mayores incentivos para buscar darle la vuelta a la ley electoral. Por lo tanto, aún sin procesos de campaña oficiales, este tiempo puede beneficiar a algunos contendientes y perjudicar a otros, influir en la imagen de la institución electoral e impactar a los ciudadanos.
El principal beneficiado parece ser Enrique Peña Nieto quien, pese a las críticas surgidas por diversos errores en su campaña en los últimos meses del año pasado, sostiene la delantera respecto a Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, el periodo inter-campañas -al limitar la presencia en medios de sus adversarios- le da una oportunidad para mantenerse en primer lugar. Por otro lado, Vázquez Mota es quien se ve más perjudicada al encontrarse 19 puntos por debajo en reconocimiento de nombre respecto a los otros dos candidatos. Lo anterior debido a que este periodo le impide elevar su nivel de reconocimiento público y adueñarse del voto del 20% de la población que aún no la conoce -ni qué decir en este sentido del recientemente lanzado candidato del PANAL, Gabriel Quadri. No obstante, la candidata del PAN tiene la oportunidad de utilizar este periodo para realinear los liderazgos del partido a su favor, sobre todo después de los resultados de la elección interna. Dicha operación será particularmente importante en entidades con peso electoral donde Ernesto Cordero resultó ganador, tales como Puebla.
Por otro lado, los diversos problemas de la ley electoral -desde la determinación de spots televisivos hasta la reglamentación en cuanto a debates- han hecho que el Instituto Federal Electoral (IFE) se convierta en el protagonista de diversas desacreditaciones. Las críticas responden a una falta de claridad del IFE sobre las acciones permitidas o prohibidas por una legislación que finalmente no fue diseñada por dicha institución. Estas descalificaciones podrían restar credibilidad al proceso electoral, con las consecuencias que tenga esto sobre el futuro de la democracia en el país.
Si bien es prudente no caer en la sobresimplificación de culpar a la legislación de síndromes y enfermedades que la democracia mexicana sufre desde antes, lo cierto es que dentro de esta veda de mes y medio el perdedor parece ser el ciudadano, quien no tendrá la oportunidad de contrastar las competencias personales de los candidatos, sus propuestas, plataformas políticas y hasta el oficio detrás de cada uno de ellos.
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