La Cámara de Diputados aprobó esta semana una reforma constitucional al artículo 107 que busca modificar la forma como se ejerce el recurso de amparo en materia fiscal. En un contexto de baja recaudación resulta escandaloso que entre 2002 y 2004 derrotas en tribunales exigieran a Hacienda realizar devoluciones por 42 mil millones de pesos. Datos de la SCJN indican que los amparos fiscales representan dos tercios del total de amparos presentados, lo que desvía recursos y tiempo a la Corte. Además, resulta preocupante que los amparos, que buscan promover la equidad y la proporcionalidad de las leyes, terminan siendo –sobre todo en el caso fiscal– instrumentos legales a los que sólo pueden acceder efectivamente las grandes empresas. Esto sin que los resultados de su acción privada sean aplicables al resto de los contribuyentes, aunque se encuentren en igualdad de condiciones. La reforma –pendiente aprobación del Senado y los estados– pretende reducir precisamente esa brecha removiendo inclusive la opción de obtener devoluciones fiscales. En la búsqueda de mayor equidad, resulta positivo establecer jurisprudencia en materia de amparos fiscales. Sin embargo, permanece latente el riesgo de voltear la balanza en perjuicio de los contribuyentes.
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