El próximo domingo 6 de julio se llevarán a cabo comicios en dos entidades del país: Coahuila y Nayarit. La atención mediática nacional sobre estas elecciones ha sido marginal dado que no sólo son procesos locales aislados, sino que en ninguno de los casos estará en juego la gubernatura. Por si fuera poco, los coahuilenses acudirán a las urnas únicamente para renovar los veinticinco lugares del legislativo estatal; los ayuntamientos tampoco están en disputa. Los nayaritas sí elegirán a una veintena de presidentes municipales y a la totalidad de su Congreso local. Aunque Nayarit apenas representa a 1 por ciento del padrón electoral nacional, y que sus municipios no se cuentan entre los más poderosos del país, el proceso electoral ha sido una serie de “botones de muestra” no sólo de la situación de los entornos político-electorales de las entidades federativas –o, mejor dicho, del folklore de la rústica política en el interior de la República—, sino de lo que podría ocurrir en un ambiente donde la ley no necesariamente se respeta y, en caso de que sí (supuestamente), cuáles son las implicaciones de contar con marcos legales difusos, confusos y contradictorios.
Como es sabido, en los últimos días, los estados han estado en trance de armonización de sus marcos jurídicos con la reciente reglamentación de la reforma político-electoral. Si bien los comicios del 6 de julio aún no se regirán con las nuevas reglas de la reforma nacional, ha habido algunos aspectos que tienen que ver con ella (la presencia de candidaturas independientes, las normas para la formación de coaliciones, la obligatoriedad de cumplir con cuotas de género, los requerimientos de diseño de las boletas electorales, entre otras), que son un espejo de cómo podrían operar los cambios que estarán vigentes en los 17 procesos electorales estatales de 2015. Analizar esto adquiere especial relevancia porque las entidades estarán “ensayando” una serie de complicadas normas a fin de “ordenar” la celebración de sus distintas jornadas comiciales, no solo por la coyuntura encarnada en la falta de acuerdos en la armonización de la reforma política en dos entidades cruciales en el equilibrio de poder en México: Nuevo León y Jalisco. En ambos casos, las bancadas del PRI en sus congresos locales han intentado incluir puntos inadmisibles para los respectivos grupos parlamentarios de Acción Nacional, sobre todo en lo referente a las reglas de coaliciones –muy al estilo de lo ocurrido hace unos días a nivel nacional con el intento de retorno al statu quo ante que beneficiaría a los partidos pequeños, abriéndoles una ventana de oportunidad para su supervivencia vía las alianzas. Si estos desacuerdos prevalecen, ambas entidades, catalogadas entre las cinco primeras en cuestión de relevancia política (tal vez sólo atrás del Distrito Federal y el Estado de México), el siguiente año se estará operando en esas demarcaciones con dos marcos jurídicos contradictorios –el constitucional y el local no armonizado—, lo cual dará pie a un mayor potencial de judicialización electoral, dadas algunas contradicciones entre la ley local y los designios constitucionales.
Aunque las elecciones del próximo domingo todavía no estarán bajo el halo de las reglas de la reciente reforma político-electoral, hay varios elementos que ofrecen pistas de lo que podría suceder cuando se operan comicios con reglas poco claras, autoridades ineficientes y la prevalencia de factores de poder local tradicionales donde los gobiernos locales cuentan con una enorme –y arbitraria—influencia en las elecciones. Enfocándose en el caso Nayarit, durante los últimos meses se han presentado situaciones dignas de enmarcarse en una preocupante picaresca que pudiera replicarse en otros estados a lo largo del proceso electoral de 2015. En ese estado, el Instituto Electoral del Estado de Nayarit (IEEN) desestimó oficialmente la coalición PAN-PRD debido a que, al ser avalada por el perredismo local, pero negada por la dirigencia nacional de ese partido, quedaba prohibida por la ley del estado. Sin embargo, el PRD nayarita se fue “por la libre”, acordó una alianza de facto con el panismo (ambos partidos se repartieron candidaturas y se remitieron a no presentar aspirantes donde sus aliados lo harían), y así pretenden arrebatarle posiciones al priismo del estado. Aquí, los ´partidos encontraron una forma de eludir la ley con el propósito de obtener ventajas electorales. Otro ejemplo fue cómo, por medio de la repetición de nombres de aspirantes en postulaciones uninominales y de representación proporcional, los partidos “cumplieron” con las cuotas de género de mínimo 40 por ciento de candidaturas para mujeres, ante la falta de cuadros que les impedía cumplir con el requisito. Asimismo, hubo un pleito judicial que debió llegar a instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual decidió una controversia acerca del diseño de las boletas electorales. Del lado del PRI, quien gobierna el estado y la mayoría de sus alcaldías, se han recibido innumerables denuncias por presunto intervencionismo estatal en contra de la oposición. En suma, el proceso nayarita, por pequeño que sea, se ha caracterizado por el caos, la judicialización y el desaseo.
Ante la desarmonización del marco electoral en Jalisco y Nuevo León, aunado al típico desorden de la dinámica electoral en los estados, así como del enorme reto que tendrá ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) en su participación en los comicios locales, en colaboración con los respectivos órganos electorales estatales (cuya conformación está en proceso bajo la tutela del INE), vislumbran un panorama complicado. La experiencia nayarita muestra cómo una normatividad confusa, combinada con los poderes de facto en las entidades, en especial el representado en la influencia de los gobernadores, tiene el potencial de generar un galimatías electoral de pronóstico reservado. De esta manera, el patrón de emprender reformas que en vez de solucionar, complican, y en lugar de acotar poderes vía contrapesos y reglas claras, multiplican los resquicios para el ejercicio discrecional de la autoridad, parece repetirse.
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