Cuando la corrupción es concebida como un fenómeno que es producto de la “condición humana” –como lo mencionó recientemente el presidente Peña Nieto– se da pie a una evasión de responsabilidades. Y es que entonces se presupone que contra la naturaleza humana poco se puede hacer, ya que ésta, tarde o temprano, encontrará la forma de rebelarse, escaparse y manifestarse con todos los bemoles de su espíritu salvaje. Sin embargo, el hecho que México ocupe el lugar 103 de un total de 174 países en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, poco tiene que ver con los rasgos intrínsecos del carácter indómito del mexicano, y sí mucho con la falta de la aplicación del Estado de Derecho y de un conjunto de medidas disuasivas a las conductas corruptas.
Si bien la Ley Anticorrupción es una medida encaminada al combate a la corrupción, todavía resta por ver los verdaderos alcances de ésta cuando sea promulgada, como por ejemplo si la ciudadanía tendrá acceso o no a mecanismos de control sobre la correcta aplicación de la ley, o si los señalamientos de irregularidades o impunidad serán resueltos por las mismas autoridades. Asimismo, será esencial la capacidad con la que cuente la ley para sancionar a funcionarios que gozan de fuero, como el Presidente o los gobernadores de las entidades federativas, sobre todo porque son ellos los principales protagonistas de la mayoría de los casos más relevantes (e impunes) de corrupción en los últimos años:
▪ Casos que implican al Presidente y su gabinete: compra de contratistas por el gobierno, la “Casa Blanca” y otras propiedades del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
▪ Casos de gobernadores: Tomás Yarrington, Humberto Moreira, Fidel Herrera, Arturo Montiel y Andrés Granier Melo –por citar sólo algunos. Todos presuntamente implicados en actividades de lavado de dinero, malversación de fondos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, y actividades con el crimen organizado.
▪ Casos que implican señalamientos de impunidad no atendidos: de 274 recomendaciones a Pemex hechas por la Auditoria Superior de la Federación durante 2008-2012, Pemex sólo tomó medidas de despido en 3, desechó 157 casos y, hasta diciembre de 2014, 108 casos seguían pendientes de resolución.
En suma, la postura del gobierno ante un fenómeno que tiene consecuencias directas en la economía, seguridad y justicia es, cuando menos, preocupante. Reformar significa trastocar los intereses de grupos privilegiados, y en el caso de la corrupción en México esto implica la construcción de un andamiaje institucional de incentivos y disuasivos que atienda el problema de raíz. Erigir una retórica para eximir los incontables casos de corrupción de diversos miembros de la clase política mexicana es sólo un paliativo.
Semana Política es elaborada por: Ximena López, Mariana Meza, Carlos de la Rosa, Santiago Martínez, Rafael Vega. Editor: Luis Serra.
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