Las declaraciones o escándalo de los “moches” dados a conocer por el presidente municipal de Celaya, en donde evidencia que los diputados del PAN le exigían una “comisión” o “moche” a cambio de la entrega de recursos millonarios para la realización de obras, en realidad no revelan nada nuevo. El trasfondo de las acusaciones responde a motivaciones de índole interna al Partido Acción Nacional pues buscan debilitar a actores clave, como Madero, Cordero y Villarreal, cuyos intereses responden a alcanzar la presidencia del partido. Si los malos manejos siempre se han dado, ¿por qué es un escándalo?
En primer lugar, evidencia que el blanquiazul es “candil de la calle, oscuridad de la casa”, ya que la imagen de limpieza y honestidad que supuestamente los abandera se ha perdido, sumando además la descomposición interna que tienen, además de que, si bien es sabido que existe opacidad en el uso de recursos, el cobro de comisiones de hasta 35 por ciento, resulta indignante. En realidad, esta práctica es común de la política nacional e internacional. En Estados Unidos se conoce como “pork barrel spending”, y tiene como propósito entregar recursos o presupuesto a cambio de obtener distintos benéficos como lealtad política, favores o incluso votos. Más allá de la importancia mediática de este caso, la relevancia se encuentra en preguntarnos cuál es la utilidad política de dicha práctica y cuáles podrían ser los costos para la sociedad.
La práctica es cuestionable principalmente por dos factores: su característica discrecional y el hecho de que cada vez se destina más dinero a los partidos (en general) y también para llevar a cabo estos “moches”. Es bien sabido que el uso de los recursos públicos en México se hace de manera irresponsable para generar clientelismo e inclusive favorecer a ciertas empresas. Un ejemplo de esto es que las principales causas de deficiencias en obras carreteras son el desvío y transferencia de recursos. La discrecionalidad la podemos observar en las modificaciones que se dieron en la elaboración del Dictamen del Presupuesto de Egresos para 2014 en el Ramo 23, cuyo objetivo es que los recursos asignados se destinen a programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento, para impactar en el desarrollo de las regiones de las 10 entidades federativas con menor índice de desarrollo humano. Es decir, en los últimos años, del presupuesto original, se han dado ampliaciones cada vez mayores en los rubros que componen el ramo. El costo de esta práctica es muy bajo si el resultado se traduce en pasar reformas estructurales y darle continuidad a agendas legislativas. Por otro lado, además de que la rendición de cuentas es nula para el ciudadano y de que los recursos a partidos provienen de impuestos de los contribuyentes, este monto se puede equiparar con los recursos eliminados en ciertos rubros del sector educación equivalentes a lo que se va a repartir entre legisladores.
Vale la pena preguntarse cuál sería la alternativa para evitar (si es que eso fuera un objetivo) dicha práctica. Por un lado, si se cambiara el esquema de financiamiento de partidos de público a privado se daría lugar a una mayor injerencia y control de grupos de interés. Si bien eso permitirá que el gasto público se destine a programas más productivos y beneficiosos que a los partidos políticos, ¿En realidad queremos un esquema de financiamiento privado considerando que en México no tenemos un sector económico muy competitivo y en realidad los sectores más importantes de estos (que serían los que financiarían a los políticos) son dominados por muy pocos (monopólicos)?
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
