Recientemente, Elba Esther Gordillo, lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) señaló al celebrar el inicio de cursos del último año de Calderón que el legado de este presidente “trascenderá siempre y lo marcará la historia.” La afirmación de la maestra tiene muchas posibles explicaciones, pero más allá de la coyuntura específica –el fin de sexenio de un presidente que se mostró dispuesto a trabajar con el SNTE para lograr sus propósitos- hay un ángulo que amerita un análisis más serio del que la nota periodística ha mostrado en los últimos días: el de los avances y retrocesos en la política del sector educativo en México.
En retrospectiva, el elemento distintivo del comportamiento del sector educación a través de la administración calderonista fue la negociación entre los distintos poderes involucrados. Un constante “toma y da” que trascendía las formas institucionales y posiciones de poder político, burocrático y económico. Todo ello recargado en las figuras clave del sector durante los últimos años: presidente y lideresa sindical rodeados de un entorno sectorial que incentiva el ejercicio del poder centralizado. Además, el magisterio ha tenido a bien desplegar el poder de este gremio en múltiples dimensiones de la arena pública: gobernabilidad, seguridad, política presupuestaria, política partidaria y sindicalismo educativo, entre otras. El éxito de Elba Esther es el éxito del sindicato que, a su vez, es el éxito del sistema priista que la creó: la construcción de una estructura unida, relativamente cohesionada, vertical y autoritaria que distribuya prebendas a sus subordinados, imparta castigos a la disidencia y sea el filtro fundamental para la implementación de políticas públicas en las aulas.
Si bien el presidente Calderón y sus secretarios de educación no lograron generar la percepción de que las cosas habían cambiado en el sector educativo, ciertamente ha habido pasos (aunque tambaleantes) en sentido positivo. Esto se puede observar particularmente en una dimensión por la que habría que distinguir a las últimas dos administraciones panistas: generación, organización y disponibilidad de información para el diseño de política pública, implementación de evaluaciones de desempeño y transparencia. Por ejemplo, actualmente se sabe, por primera vez en la historia, dónde están nuestros maestros, cuánto ganan por cada plaza, cuántas plazas tienen. De la misma manera, no sólo se especula sobre la calidad de la educación en México, sino que ya existe un parámetro para medirla con pruebas estandarizadas replicables y analizables para nivel básico (primaria y secundaria). Ahora tenemos información asequible sobre la calidad de la preparación de los maestros en las aulas de clase gracias a las evaluaciones que se les han hecho (con todas las limitantes de implementación que tuvo el proceso). Ninguno de estos elementos representa un logro menor en un país que por décadas no tuvo esta información. Sin embargo, sería un engaño afirmar que todo esto se alcanzó en su totalidad. Aún no se ha resuelto el problema de los maestros “aviadores” que tan a menudo denuncia la CNTE y otros grupos del sindicalismo magisterial “democrático” en sus comunicados seccionales; no hemos logrado avanzar en la mejoría de la calidad de la educación de manera que podamos asegurar que los niños en las aulas públicas y privadas salgan cada vez mejor preparados conforme avanzan en los grados escolares, y así en otros aspectos. En suma, no hay razones para estar satisfechos en tanto no se consiga el objetivo de sentar las bases de un sistema capaz de aspirar a formar mexicanos mejor preparados y aptos para enfrentar y, por qué no, modificar para bien la realidad del país. Lo mejor que se podría decir es que se sentaron las bases para una mejor estrategia educativa, pero lo relevante, la formación de los ciudadanos y trabajadores del futuro, está muy lejos de haberse avanzado.
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