El 28 de enero, en un acto realizado en la sede de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y sin la presencia del presidente Peña, el gobierno federal presentó su Estrategia Nacional Antisecuestro. Entre sus postulados se plantea la creación de un órgano desconcentrado de SEGOB, con capacidad de gestión vinculante a nivel federal y estatal, encargado de prevenir, sancionar y atacar dicho delito. Sin embargo, ¿qué diferencia habrá entre este esfuerzo y políticas anteriores de atención al secuestro?
La situación es preocupante. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre 2007 y 2013, los secuestros denunciados se incrementaron en 221 por ciento, al pasar de 2.8 a 9 por cada 100 mil habitantes. Por otro lado, a finales de 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó la existencia de más de 100 mil secuestros, lo cual implicaría una tasa de no denuncia (cifra negra) superior a 95 por ciento.
Encabezada por Renato Sales, la Estrategia Nacional Antisecuestro plantea una serie de objetivos, entre ellos la coordinación entre dependencias, fortalecer las capacidades operativas de las unidades antisecuestro en las 10 entidades de mayor incidencia del delito, homologar los marcos jurídicos en las entidades y los protocolos de los Ministerios Públicos, entre otros. Ahora bien, la estrategia debe entender objetivamente el secuestro. Aunque vinculado en los últimos años con la actividad del narcotráfico, el secuestro suele tener una dinámica delincuencial propia y, en el peor de los casos, se convierte en un negocio paralelo al de las drogas. Otro factor fundamental, tanto en la incidencia como en la tasa de no denuncia y, por tanto, en los altos índices de impunidad del secuestro, es la colusión de autoridades, desde policías, investigadores, Ministerios Públicos e, incluso, autoridades penitenciarias (basta recordar los casos de operación del secuestro y la extorsión dentro de los reclusorios). Por último, el secuestro es un delito cuyos costos son relativamente bajos para quien lo perpetra, pero su retorno económico es muy elevado. Así, dada la complejidad y el tamaño del fenómeno, el trabajo del llamado “zar antisecuestro” encarará una misión hercúlea, no sólo en materia de prevención y persecución del delito, sino en la construcción de un marco institucional sólido a fin de identificar y castigar la corrupción de funcionarios. La tentación de sólo atacar la incidencia sin una política integral de combate a la delincuencia, significaría repetir estrategias anteriores que terminan por sepultar de manera temporal los crímenes de alto impacto, los cuales, con el tiempo, suelen resurgir cuando dejan de ser objeto de la atención mediática.
Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil y algunos actores clave que directamente monitorearán la evolución de la Estrategia deberán tener especial cuidado en esta labor. Será muy importante poner atención en dos etapas de la vigilancia en materia de transparencia y rendición de cuentas: primero (algo así como fase de transparencia 1.0), los resultados de la estrategia y la defensa de garantías; segundo (transparencia 2.0), la evaluación de las políticas desarrolladas. Al mismo tiempo, la ciudadanía organizada habrá de ser prudente y alimentar presiones que, ante la desesperación de buscar justicia, acaben por lesionar el debido proceso y, como ya ha sucedido en varias oportunidades, se desemboque tanto en violaciones a los derechos humanos, como en la creación de resquicios para el ejercicio de la impunidad (o la duda de ello, como ocurrió con el caso Florence Cassez).
La atención al problema del secuestro implica un rediseño institucional, no la captura esporádica de “importantes” grupos criminales y el desmantelamiento de casas de seguridad. En contraste con el actuar del gobierno federal en Michoacán, el esfuerzo antisecuestro al menos da la impresión de que constituye una verdadera estrategia. A fin de cuentas, el punto central radica en la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
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