México se encuentra dentro de los cinco países con una mayor tasa de informalidad dentro de Latinoamérica, de acuerdo al nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con 58 por ciento de la población económicamente activa en la economía informal. Sin duda, este resultado llama la atención, ya que el resto de los países que conforman este vergonzoso conjunto de naciones, (El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú), cuentan con un ingreso per cápita sumamente inferior al de México. La realidad presentada en el estudio de la OIT, contrasta con la optimista perspectiva del gobierno federal respecto a los efectos de supuesta disminución del sector informal producto de las recientes reformas laboral y hacendaria. Entonces, ¿por qué las reformas realizadas no han sido suficientes para combatir el fenómeno?; ¿qué requeriría México para alcanzar menores niveles de informalidad como Brasil (37.8%) o Uruguay (32.5%)?
La miscelánea de impuestos para el año fiscal 2014, ajustó el esquema hacendario para que el gobierno pudiese recaudar una mayor cantidad de recursos, recurriendo a la socorrida fórmula de continuar exprimiendo al máximo la precaria base de contribuyentes cautivos. Esto no movió un ápice una de las causantes de fondo de la informalidad –y de problemas crónicos del país como la impunidad y la corrupción—: la ausencia de incentivos para quienes sean cumplidos con la ley. Asimismo, el gobierno sigue sin tener la disposición suficiente a fin de “meter en cintura” a los informales, ya sea por razones políticas, o porque este régimen de exenciones fiscales de facto es una válvula de escape frente a una economía en la inopia de fórmulas para explotar su potencial y detonar no sólo crecimiento, sino desarrollo.
Por otra parte, la reforma a la Ley Federal del Trabajo de principios de 2013, intentó, de jure, contribuir a reducir la informalidad incorporando aspectos como la posibilidad de contar con un periodo de contratación a prueba, delineando programas de capacitación, promoviendo facilidades para reducir la planta laboral de manera más flexible y de acuerdo a las necesidades de las condiciones productivas, y diseñando nuevos esquemas de contratación, como el pago por hora. Sin embargo, muchas de estas fórmulas ya se aplicaban anteriormente en la práctica cotidiana (de manera informal, paradójicamente). En este sentido, los resultados del estudio de la OIT sugieren que los empleadores en México aún cuentan con mecanismos para operar bajo un sistema de “formalidad simulada”, manteniendo a su plantilla de trabajo bajo esquemas informales.
El problema se acentúa en las regiones con altos niveles de pobreza, como Oaxaca, Guerrero, y Chiapas, estados que cuentan con niveles de informalidad cercanos a 80 por ciento. Además, si se desglosan los datos por sector de la economía mexicana, se pueden encontrar resultados preocupantes. Por ejemplo, el ramo de la construcción cuenta con una tasa de informalidad de 57 por ciento, aun considerando que gran parte de dicha industria se financia y supervisa por el sector público, lo que al parecer no garantiza el cumplimiento de los derechos laborales. Por si fuera poco, esto resulta más grave dada la elevada incidencia de accidentes en esta clase de actividades, lo cual requeriría que los trabajadores cuenten con un seguro y cobertura amplia en caso de un percance, sin mencionar las prestaciones consagradas en la ley, aunque ignoradas en la práctica.
Ahora bien, al seguir el espíritu de estudio de la OIT, existen países en Latinoamérica que han realizado diversas políticas públicas eficientes a fin de generar incentivos a la formalidad y combatir sus rezagos en la materia. Varias de estas experiencias coinciden en que una mayor carga regulatoria reduce la formalización, por lo cual es conveniente eliminar los costos de acceso y transacción en el mercado formal. Por ejemplo, en 2008, Ecuador estableció un régimen simplificado para micro y pequeños empresarios, cuya característica destacada era que los contribuyentes no estaban obligados a hacer declaraciones. En Uruguay, se implementó un programa denominado “Empresa en un día”, que crea el registro de empresas rápidamente por vía electrónica.
Finalmente, la problemática de la informalidad en México deriva en empleos de baja calidad, con una nula o limitada capacitación del personal, lo cual contribuye al bajo crecimiento de la productividad. En realidad, se trata de un círculo vicioso: la productividad es baja porque no hay competencia y no hay competencia porque en el gobierno hay temor de generar desempleo. Así, la reducción de la informalidad persiste más como un deseo retórico que como un objetivo asequible. La combinación de desidia, intereses intrincados por mantener el statu quo y legítimas preocupaciones por la estabilidad social han producido un mundo de pobreza que no ceja. La mala noticia es que las autoridades encargadas de diseñar e implementar los lineamientos generales de la economía han agotado su creatividad…desde hace dos décadas.
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