El 8 de septiembre pasado en Los Pinos, el presidente Peña dio un discurso alusivo a la entrega del Paquete Económico 2014. En el marco de esta obligación constitucional, el gobierno federal presentó la llamada “reforma social y hacendaria”. No es casualidad haber aparejado ambos temas, no sólo por la vinculación natural entre recaudación y gasto público, sino dada la manera en la cual la actual administración ha ejercido una política de “zanahoria y garrote” con el propósito de maximizar la estrategia de venta de sus iniciativas. Sin duda, la reforma hacendaria era la más delicada en términos de potencial generación de descontento entre la mayoría de la población. ¿Cómo ha manejado la autoridad federal el entorno político a la luz de la presentación de una de sus principales reformas?
Los fantasmas del IVA en alimentos y medicinas, y el del aumento de dicho gravamen a los niveles recomendados por la OCDE (21%), acabaron por disiparse. Esto arrebató uno de sus principales gritos de batalla a la izquierda. De hecho, la presencia de Jesús Zambrano en el acto de la residencia presidencial fortaleció la imagen de vigencia del Pacto por México, además de ratificar el beneplácito de la dirigencia nacional del PRD ante varias de las propuestas fiscales y de seguridad social del gobierno federal. El 11 de septiembre, durante la comparecencia en San Lázaro del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, los diputados perredistas presumían la replicación de programas sociales del Distrito Federal en las iniciativas presupuestarias de Peña, las cuales plantean, por ejemplo, elevar a rango constitucional la pensión universal para adultos mayores. Por otra parte, y de seguro pensando en un sector importante de sus nacientes clientelas en la clase media, un segmento de la izquierda se ha manifestado en contra del gravamen a las colegiaturas y a los alimentos para mascotas. Parecería evidente que estos últimos, junto con otros similares, fueron colocados en la iniciativa para ser removidas en la ley que eventualmente se apruebe, dándole con ello pequeñas victorias marginales a los legisladores.
Del lado de los afines al movimiento de López Obrador, el diputado Ricardo Monreal (Movimiento Ciudadano) aseveró que la no aplicación del IVA en alimentos y medicinas se había debido a las presiones del tabasqueño. Claro está que el líder de MORENA tiene todo un catálogo de cuestiones para seguir inconforme y movilizando a sus simpatizantes, pero eso es otra historia.
Desde Acción Nacional, los reclamos han sido más intensos, en especial aquellos alineados con el sector emprendedor y con la premisa del balance presupuestario. Tanto Gustavo Madero, su líder nacional, como Ernesto Cordero –quien podría erigirse en las próximas semanas como el principal contrapeso tanto para las iniciativas del gobierno federal, como de la propia dirigencia del PAN— han criticado el financiamiento con deuda de las propuestas sociales de Peña. Igualmente se oponen a la ampliación de los rangos en los gravámenes a créditos hipotecarios y automotrices, además de lo que consideran una doble tributación al cobrar impuestos sobre las ganancias bursátiles. En este último punto no sólo quienes invierten de manera directa en la bolsa se verían afectados, sino también aquellos poseedores de fondos manejados en instrumentos bursátiles, por ejemplo las AFORES. Ahora bien, en un escenario de recursos limitados tras haber perdido la Presidencia de la República, la “zanahoria” para los panistas podría estar en el dinero destinado a partidos políticos, así como en las participaciones federales a los estados donde gobiernan.
Lo anterior nos conduce a revisar a otros actores relevantes en materia hacendaria: los gobiernos de los estados. El presidente prometió destinar, con los aumentos en recaudación, 1% adicional del PIB a las administraciones locales. El aplauso de los gobernadores al escuchar esta noticia implica un júbilo paradójico. La Federación continuará como la principal recaudadora y administradora de los recursos públicos (con el visto bueno de los diputados al Presupuesto de Egresos). La pasarela de mandatarios estatales cabildeando en Hacienda, Gobernación y San Lázaro seguirá como una tradición en la temporada de reasignaciones presupuestarias. Así, queda pendiente –otra vez—la construcción de un verdadero federalismo fiscal donde las entidades no sólo asuman la responsabilidad de recaudar más, sino que también pueda ser auditada con mayor transparencia la utilización de las participaciones federales a la hora de ejercerse en estados y municipios.
Por último, el PRI-gobierno. Más allá de contar con la mayoría suficiente para aprobar el Paquete Económico en la Cámara de Diputados (la cual tiene la facultad exclusiva de discutir y votar el Presupuesto de Egresos), requiere de apoyos del PRD y/o del PAN si quiere hacer transitar la Ley de Ingresos en ambas cámaras, es decir, donde se incluye la miscelánea de impuestos. Sin embargo, la inclusión de asuntos polémicos en la propuesta presidencial original como el IVA a colegiaturas o la eliminación del régimen de consolidación fiscal, constituirán “moneda de cambio” para facilitar el avance del grueso de la reforma. El gravamen a la educación privada seguro será rechazado, en particular tras las declaraciones en esa dirección del líder priista en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones. En cuanto a la consolidación fiscal, la iniciativa no habla como tal de su erradicación, sino de “estudiar” su replanteamiento y, de ser el caso, desaparecerlo.
Así las cosas, la reforma hacendaria deja ver toda una estrategia de maniobras políticas consistente en moverse hacia donde sea necesario, convencer a quienes se debe convencer con lo que quieren ser convencidos y, a final de cuentas, salirse con la suya; eso sí, por la vía institucional. El punto de fondo es que el gobierno ha planteado esta reforma más como un instrumento político que uno financiero, lo que crea la duda de si será posible lograr los resultados económicos que propone. De lo que no hay duda es que el gobierno efectivamente está cambiando el paradigma que ha dominado las decisiones de política económica desde la crisis de 1994.
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