Jesús Murillo Karam ha insistido sobre el precario estado en el que le fue entregada la Procuraduría General de la República. Se ha referido con frecuencia a los abusos que se hicieron de figuras como el arraigo y los testigos protegidos y sus señalamientos han sido corroborados por una serie de decisiones judiciales que han derribado casos icónicos de la anterior administración panista. En días pasados, Murillo Karam ha vuelto a poner el dedo en la llaga, al calificar como “círculo perverso” al funcionamiento de la institución. En paralelo, anunció que se reunirá con las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública del Senado para exponerles un plan de reestructuración integral que pretende corregir las deficiencias heredadas. Dado su contenido, el proyecto parece lógico y deseable. ¿Quién no querría, por ejemplo, ministerios públicos, investigadores y peritos con mayor capacitación y especialización? Por otro lado, tampoco se debe olvidar que, de aprobarse semejante plan, se estará dando un golpe político a quienes recién operaron y toleraron dicho esquema en la procuración de justicia federal. Más allá de las bondades de la reestructuración (independientemente de que al final se apliquen o no), el PRI continúa con su estrategia de construir una narrativa de que ha llegado a poner orden en una casa en ruinas.
En el plano del contenido del plan de Murillo Karam, destacan propuestas como la creación de una fiscalía financiera con el objetivo de atacar el flujo de recursos del crimen organizado (un viraje interesante que marca una diferenciación con el gobierno panista) y la regionalización de la Procuraduría (para ajustarse a la sectorización en materia de seguridad). Además, se incluye la posibilidad de implementar una política de priorización de delitos, con el objetivo de poner énfasis en la persecución de aquellos que generan mayor impacto social. El resto de las propuestas se ubican en lugares comunes –no por ello menos necesarios—: la mejora del servicio profesional, la creación de mecanismos de monitoreo y la profesionalización de ministerios públicos y peritos. Todo el paquete a primera vista luce prometedor. La cuestión es ver si en verdad estos cambios mejorarán el desempeño de la PGR, reducirán los índices de impunidad y, muy importante, conseguirán generar confianza en la institución de parte de la ciudadanía.
Un tema ausente en el proyecto es el de la autonomía de la Procuraduría, la cual ha sido exigida por sus impulsores como un medio para evitar que el Ejecutivo haga uso político de la justicia. Sin embargo, aunque este asunto regrese tarde o temprano al debate público, no significará necesariamente un avance hacia el mejoramiento de la procuración de justicia, mucho menos en la disminución del uso faccioso de la misma. El problema es cultural. Las palabras –y los proyectos—se los lleva el viento.
Si bien es cierto que la PGR protagonizó un amplio conjunto de pifias, abusos y hasta ridículos a lo largo del gobierno de Felipe Calderón, es sabido que la corrupción, la utilización sesgada de la procuración de justicia y demás malas prácticas, no son exclusivas ni del sexenio anterior, ni de la autoridad federal. En México, todos estos vicios han estado presentes por décadas (sino es que siglos). Por ello, la pertinencia de preguntarse si el anuncio y eventual aplicación de la reestructuración trascenderá su intencionalidad política, y realmente será un paso adelante hacia una mayor institucionalización del principal aparato del Estado para garantizar el cumplimiento del estado de derecho. Con la finalidad de evaluar esto, será importante no sólo construir y aplicar indicadores de desempeño que se vean bien en estudios académicos, sino que los ciudadanos en verdad percibamos cambios en nuestra cotidianidad.
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