La celebración del Día del Maestro del 15 de mayo, ofrece un escenario en donde es oportuno preguntarse en qué va la reforma educativa promulgada en febrero de 2013. Al observar los avances en la materia es evidente el fracaso de la reforma en su objetivo de recuperar la rectoría del Estado sobre la educación, especialmente en lo que se refiere a la designación de plazas magisteriales. Se suponía que los cambios a los artículos 3 y 73 de la Constitución darían lugar a un sistema profesional en donde el mérito fuera el criterio para designar las plazas, ascensos y promociones de los maestros. Sin embargo, distintos factores se han combinado para dejar la reforma en buenos deseos y mantener el statu quo en donde la corrupción y los arreglos político-sindicales determinan las designaciones de puestos dentro del magisterio.
La desafortunada reglamentación de la Reforma a través de la Ley General de Servicio Profesional Docente permitió que cada estado de la republica diseñara su sistema para el ingreso y despido de docentes. En lugar de formar un esquema único para el país, se abrió la puerta a que las entidades federativas, a través de sus gobernadores y congresos locales, establecieran sus propios lineamientos. Esto permitió que las presiones del SNTE y la CNTE a nivel local influyeran -y manipularan a los poderes locales- en la redacción de las leyes estatales y las hicieran a su parecer defendiendo sus intereses y traicionando el espíritu de la reforma. Estados como Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Oaxaca, modificaron sus legislaciones locales con imprecisiones e irregularidades que son hasta contrarias a la reforma, por ejemplo, la ley aprobada en Zacatecas no hace explícito que no presentarse a la evaluación es causa de recisión para los docentes y directores.
El Ejecutivo ha presentado controversias constitucionales contra estados que no han legislado en la materia y acciones de inconstitucionalidad en contra de gobiernos como Chiapas, Michoacán y Sonora por violentar algunos de los artículos de la reforma nacional. La estrategia institucional del Ejecutivo que convoca al Poder Judicial para que este sea el que determine la validez de las leyes estatales es positiva pues responde al sistema de equilibrio de poder; sin embargo, es un proceso tardado que dejará en el limbo la implementación de la reforma en los estados hasta que la SCJN se pronuncie sobre el tema. Aun cuando la SCJN decida que algunas de las normas estatales son contrarias al espíritu de la reforma y se obligue a los poderes a emitir nuevas normas, terminaremos con legislaciones distintas que mantendrán la heterogeneidad en los criterios de evaluación y fomentarán desigualdades educativas entre los estados.
La ausencia de actores clave como la SEP, el INEE y la sociedad civil que inicialmente apoyaron la reforma educativa, ahora han dejado de lado su implementación. La falta de claridad de ciertos criterios de la reforma propiciada por actores como el INEE que determinó no publicar los criterios de evaluación para el ingreso de nuevos maestros hasta después de que se apliquen los exámenes ha creado incertidumbre en el proceso y contribuido a la falta de homogeneidad en los criterios estatales de acceso al Servicio Profesional Docente. Ni el INEE ni la SEP han participado en el proceso de legislación estatal y han dejado las negociaciones de la “armonización” de las leyes en los estados al líder del SNTE, Juan Díaz, quien prefirió asegurar los beneficios de sus agremiados y clientelas en lugar de vigilar sus contenidos y pertinencia.
El presidente Peña argumentó que la reforma junto con el encarcelamiento de la líder del magisterio sería una solución para modificar el estancamiento del sistema educativo mexicano — que en 2012 ocupó el último lugar de los países de la OCDE en la prueba PISA– y para crear un profesorado más competente. Sin embargo, el trayecto recorrido por la reforma demuestra como esto nunca fue su razón de ser. En ningún momento se atendieron los temas de verdadera importancia para el sistema educativo. Nunca se puso a debate la pertinencia del modelo educativo, la necesidad de cambiar de un modelo pedagógico basado en la memorización a uno que privilegie el pensamiento crítico y que verdaderamente prepare a los jóvenes a enfrentar con éxito su futuro laboral. El problema educativo, y de productividad económica, seguirá exactamente igual.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
