Tanto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como el procurador Jesús Murillo Karam, dieron nota sobre uno de los temas más dramáticos de la inseguridad en el país: los desaparecidos. Osorio aseguró que la actual base de datos con la cual cuenta el gobierno sobre personas desaparecidas, bajaría mucho su tamaño en cuanto las autoridades la depuren. Según el secretario, es muy probable que varios de los casos en la lista correspondan a personas ya encontradas (vivas o muertas) o a emigrantes que lo hicieron de manera voluntaria. En congruencia con el afán “depurador” de las listas de desaparecidos, Murillo Karam anunció la creación de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR (cuyo personal inicial asciende a 12 agentes). Sin embargo, ¿cómo resolver ese número avasallador de casos con una infraestructura tan precaria?
Las cifras, si bien varían entre las oficiales y las registradas por órganos no gubernamentales y otros actores interesados, en cualquier caso son aterradoras. Aparte del número oficial (26,121), la organización Propuesta Cívica presentó una base de datos con registros de 20 mil 851 desaparecidos. En la misma línea, la CNDH contabilizó más de 5,000 desapariciones y al menos 9,000 cuerpos sin identificar en el sexenio anterior. Por otro lado, Human Rights Watch tiene documentadas al menos 149 desapariciones forzadas, aquellas que habrían involucrado la participación del Ejército, la Marina o las policías federales, estatales o municipales. En suma, el asunto de los desaparecidos no es cosa sencilla. ¿Cuántos habrán sido “levantados” y no se conoce su paradero? ¿Cuántos más son desplazados por la violencia? ¿Cuántos otros corresponden a desapariciones forzadas? ¿Estará el gobierno dispuesto a esclarecer los casos de desapariciones forzadas y, de ser necesario, castigar a las autoridades responsables, sean civiles o militares? ¿Qué papel juegan los gobiernos de terceros países, sobre todo de Centroamérica, porque, presumiblemente, muchos desaparecidos son migrantes en tránsito?
Por desgracia, aunado a la magnitud de los números, la infraestructura de atención a los casos de desaparecidos adolece de desorganización, falta de rumbo y estrategia. Las herramientas, mecanismos y protocolos de coordinación entre las autoridades del país son muy precarios y, en algunos casos, casi inexistentes. La carencia de un protocolo sistemático que indique qué información y a quién se le debe transmitir es uno de los mayores obstáculos en la búsqueda de personas desaparecidas. Otro problema es precisamente la ambigüedad propia de la definición legal de “desaparecido”. En este sentido, la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no diferencia con claridad los casos de individuos que fueron sustraídos contra su voluntad, pero cuyos captores jamás manifestaron el delito (o sea, no pueden considerarse secuestros, aunque lato sensu lo sean). Tampoco refleja los casos en los que la familia no denunció por miedo o por falta de confianza en las autoridades (cifra negra). Estos factores podrían incrementar la cifra de desaparecidos a niveles aún más terribles al actual. Por otro lado, el número podría disminuir si fuera factible vincular los miles de restos de ejecutados no identificados, con datos de los denunciantes. Esto sería posible a través de la práctica de pruebas biométricas o, mejor aún, de la creación de una base nacional de datos biométricos. La desventaja es que dicha tecnología requeriría una inversión que el gobierno parece no estar dispuesto a hacer (¿o sí?). En todo caso, este sería un tema prospectivo que no incidiría sobre los desaparecidos a la fecha.
Por lo pronto, la promesa de acción del gobierno federal está ahí (lo cual no necesariamente significa voluntad, ni garantía de que habrá avances en la materia). Confiemos en que, al menos en este asunto, la administración Peña tome en serio el problema y no sea el típico montaje para tener control mediático de la realidad. Las voces emanadas del dolor de las víctimas son imposibles de acallar.
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