El pasado 20 de noviembre, el presidente estadounidense Barack Obama anunció un muy anticipado conjunto de órdenes ejecutivas que darían pie a acciones concretas en torno a la inmigración. Como lo señaló el jefe de la Casa Blanca, esta decisión es una respuesta temporal a lo que hasta ahora ha sido para él un fracaso político: lograr un acuerdo con los legisladores, en particular con sus contrapartes del Partido Republicano, con el objetivo de reordenar el sistema de inmigración de su país. Asimismo, estas medidas se dieron a conocer apenas unas semanas después de las elecciones legislativas en aquel país, donde el Partido Demócrata –al que pertenece Obama— sufrió una contundente derrota. Esto dificulta todavía más el diálogo entre el presidente y el Congreso, por lo cual la figura de la orden ejecutiva –con sus limitaciones—se erige como un recurso, tanto de acción de política pública como de estrategia política. Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades de beneficio real para los inmigrantes indocumentados?; ¿qué relevancia tendría para México?
La propuesta de Obama abarcaría tres rubros. Primero, el fortalecimiento de mecanismos para la aplicación de la ley; segundo, más permisos de trabajo para trabajadores altamente calificados; y tercero, el más controversial de ellos, el uso de la “acción diferida” (deferred action) para detener deportaciones de quienes entraron a Estados Unidos antes de 2010, y se encuentren en una de estas condiciones: tener menos de 16 años o tener al menos un hijo que sea ciudadano estadounidense o residente legal. Si bien se ha calculado que estas acciones podrían impactar aproximadamente a 5 millones de inmigrantes, es necesario considerar que, por un lado, eso dejaría a más de 6 millones de personas sin protección y, por el otro, aún está por verse cómo se traduce esto a diferentes niveles. En primer lugar, la implementación de las nuevas medidas deberá sortear mitos que rodean el tema: justificados miedos entre los inmigrantes para regularizar su situación y “salir de las sombras”, incomprensión de las condiciones, así como vicios en los operadores, particularmente después de seis años intensivos de deportaciones masivas con Obama. Está además el factor de la reacción de los republicanos, que si bien no tuvieron una respuesta coordinada, podrían influir en el proceso a bloquear el financiamiento de agencias clave o, incluso, con medidas como el cierre del gobierno federal (cosa que ya ocurrió el año pasado), promoción de acciones ante la Suprema Corte para pelear la constitucionalidad de la decisión presidencial, o hasta la solicitud de juicio político contra Obama. Esto sin descartar del todo una respuesta en términos de reforma migratoria impulsada por el grupo hispano de ese partido, con miras a posicionarse frente a un electorado valiosísimo para los comicios presidenciales de 2018.
Por lo que respecta a México, a pesar de lo poco concluyente del anuncio, y de que el tema migratorio no tiene ya el enorme peso de hace unos años, el asunto sí toca varias aristas. A nivel del discurso oficial, el presidente Peña calificó las medidas como “un acto de estricta justicia” y “las más importantes que se han tomado en varias décadas”, lo que podría ser un reconocimiento excesivo ante decisiones que carecen de certidumbre jurídica o estabilidad a largo plazo al poder ser revocadas en cualquier momento por el siguiente mandatario. A ello habría que agregar que, a pesar de las palabras del Ejecutivo mexicano, históricamente el priismo no ha sido favorecedor a la causa migratoria y es visto con rechazo por una parte importante de la comunidad mexicana en Estados Unidos.
En cualquier caso, del tenor de la discusión que ha enmarcado los más recientes intentos por aprobar una reforma integral en materia migratoria en Estados Unidos, cabe destacar dos áreas de las que México podría tomar nota: la primera tiene que ver con entender la migración como capital humano y, desde esa óptica, evaluar cómo se aprovecha el flujo de trabajadores calificados y no calificados. La segunda vertiente es la del trato hacia los migrantes en su trasiego por territorio mexicano. Al debatir sobre las decisiones de política migratoria que toma el vecino del norte, no se debe olvidar que la autoridad mexicana tiene rezagos para atender con eficiencia y en respeto a derechos humanos la entrada ilegal de personas al país.
A final de cuentas, como lo demuestran décadas de inacción, la afectación a miles de familias, enredos políticos, y una cadena productiva vinculada al estatus migratorio ilegal de millones de personas, pretender la coexistencia de ambos principios es más fácil en el dicho que en los hechos. La debilidad e incertidumbre de las medidas presentadas por Obama así lo reafirman. Es importante colocar las cosas en su justa dimensión.
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