En pleno Día de las Madres, la Secretaría de Gobernación dio a conocer la cifra oficial de homicidios de los primeros cinco meses de la administración federal. De acuerdo con dicho informe, de diciembre de 2012 a abril de 2013 se han registrado 5 mil 296 homicidios relacionados con delincuencia organizada, lo que representa una reducción de 18% respecto de los últimos cinco meses del sexenio anterior. Este es uno más de los indicadores que pretende utilizar el gobierno de Peña Nieto para diferenciarse de su antecesor, más resaltando los yerros del pasado, que mostrando logros presentes o estrategias a futuro. Independientemente de la retórica oficial, ¿qué lectura debemos darle a estos números?
Más allá del mantra gubernamental del supuesto éxito de la “coordinación interestatal” y “prevención del delito”, continúa el desconocimiento de su estrategia de seguridad o, cuando menos, de cómo han conseguido esos logros. Es probable que la decisión de anunciar la cifra responda al simple hecho de que finalmente el gobierno encontró datos que le favorecen “haiga sido, como haiga sido”. Concediendo que los números sean correctos, no hay claridad acerca de la causalidad de dicha disminución y resulta osado (aunque comprensible) que el gobierno federal atribuya la baja a una estrategia aún desconocida (o más probablemente, inexistente). Ahora bien, tal vez sí hay una estrategia, al menos por default: continuar la de la administración anterior, sólo con menos protagonismo del Presidente de la República, menos montajes y menos alardes. En caso de ser así, a lo mejor no sería tan rentable difundirlo, ya que implicaría concederle un acierto al gobierno de Calderón, lo cual no comulga con la estrategia de comunicación oficial.
Por otra parte, para el gobierno, continuar jugando con cifras que no nos dicen mucho, puede equivaler a “ponerse una soga al cuello”. No hay que ignorar que el solo dato de homicidios no es representativo de la compleja situación delictiva en el país. Si los homicidios disminuyen, esto no necesariamente significa que la acción de la delincuencia se reduzca en su totalidad, sobre todo considerando que existen delitos tan graves como el secuestro y la extorsión. Otro punto a considerar es que la comparación con el gobierno anterior se lleva a cabo entre los últimos meses del pasado gobierno con los primeros de éste, periodos no conmensurables dado que, según las estadísticas, los segundos semestres del año suelen ser más violentos que los primeros. En suma, es irresponsable limitar el tema de seguridad al número de homicidios. Si no hay una estrategia de seguridad distinta a la del sexenio anterior, los resultados seguirán siendo los mismos: la reconstrucción del tejido social, la prevención del delito, la procuración de justicia eficaz, y la reducción de la violencia en términos reales sólo serán promesas sin sustento. Cabría otra hipótesis: que finalmente esté comenzando a surtir el efecto de disminuir la violencia como prometía el gobierno anterior. El tiempo dirá.
La etapa de comentarios relativos al “desastre” heredado del gobierno predecesor está llegando a su límite y caducidad. La actual administración tendrá cada vez mayores presiones para enfrentar los datos duros y hacerse responsable de los mismos como fuente de evaluación de su gestión y desempeño. El presidente se ha fijado un año como plazo para virar la situación; al cumplirse ese “periodo de gracia” definido por la misma autoridad federal, también habrá caducado la efectividad de achacar todos los males del país a sus antecesores. Intentar ocultar o diluir las imágenes y las noticias sobre la violencia a lo largo de la República, también es una estrategia con caducidad. Hasta la fecha, el gobierno ha sido exitoso en quitarse reflectores en el tema de la inseguridad. No obstante, las mismas cifras podrían destruir este espejismo en el futuro cercano. Y si se quisiera paliar ese efecto usando los caducos métodos de la manipulación de los números, cabe la advertencia de que, en el México actual, dicha estrategia estaría condenada al fracaso.
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