El 21 de mayo de 2012, Enrique Peña Nieto dio a conocer el documento titulado “Por una Presidencia democrática: Manifiesto”, en el que enumeraba los principios que habrían de guiar su eventual gobierno. Uno de esos puntos –el noveno lugar en aquella lista—fue la transparencia y la rendición de cuentas. Prometió entonces el fortalecimiento institucional del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, y la transparencia en el uso de los recursos públicos. A una semana de haber recibido la constancia de mayoría como presidente electo, el priista presentó la primera de tres iniciativas que ha anunciado en la materia: las reformas constitucionales para ampliar las competencias del IFAI. Esta iniciativa tiene cuatro puntos fundamentales que se observan a continuación.
Primero, el otorgamiento de autonomía técnica y de gestión de sus recursos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, al Instituto. Segundo, la ampliación de la jurisdicción del IFAI. La exposición de motivos de la iniciativa dice que se pretende consolidar al IFAI “como el máximo organismo nacional responsable de garantizar el derecho de acceso a la información”. Hasta ahora, el IFAI sólo puede resolver demandas de información del ámbito federal, pero la iniciativa prevé incluir como sujetos obligados tanto a los niveles estatal y municipal, como a los poderes Judicial y Legislativo. Sólo la Suprema Corte de Justicia (SCJN) quedaría exenta de convertirse en sujeto obligado por la ley, e incluso se propone facultarla para resolver recursos en donde se apele la autorización del pleno del IFAI a divulgar información que determinadas instancias señaladas en la reforma consideren puedan representar una “amenaza directa y trascendente a la seguridad nacional”. Este recurso sólo podrá ser interpuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o los presidentes de otros organismos con autonomía constitucional. Ahora bien, cabe preguntarse si la centralización del esquema actual pueda tener efectos positivos en la consolidación de la transparencia y rendición de cuentas en México. En la actualidad, el Congreso cuenta con instancias como la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de transparencia de ambas cámaras legislativas, mientras que las entidades cuentan con sus propios institutos locales en el rubro. En algunos casos, el flujo de los procesos en dichos organismos suele ser más expedito que el del mismo IFAI. Por ejemplo, el tiempo de resolución de una demanda de información a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados es de 10 días; el periodo de resolución del IFAI es del triple. Ahora, si el IFAI no fuera actualizado de manera adecuada en cuanto a sus recursos financieros, humanos y de infraestructura, la concentración de funciones pudiera generar un tapón burocrático indeseable.
El tercer punto es la homogeneización de los sistemas de acceso a la información. Esto sí podría abonar a un mejor funcionamiento y coordinación de los mismos, pero hace falta ver si los gobernadores estarían dispuestos a asumir las consecuencias y responsabilidades de una mayor rendición de cuentas en sus estados. De ser implementada correctamente la reforma propuesta, significaría una disminución en la arbitrariedad y opacidad de los caciques locales. Faltará ver entonces si ya se tienen los amarres en cuanto a la voluntad política de esos actores para que las modificaciones constitucionales pasen, además de en el Congreso federal, en al menos 17 legislaturas estatales.
Como último punto destacable –aunque no menos polémico— de la propuesta peñista está el aumento del número de comisionados del IFAI, que pasarían de 5 a 7. Los dos comisionados nuevos, dados los tiempos políticos y legislativos, serían ya propuestos con Peña como presidente y eventualmente ratificados por el Senado, donde el PRI cuenta con la mayor minoría. Así, a pesar de la autonomía constitucional del IFAI, tal como ocurre con el IFE, continuaría teniendo la salvedad de que los partidos políticos –y, en este caso, el titular del Ejecutivo federal en especial—influyen de forma sustancial en su conformación. Si bien el incremento en el tamaño del pleno del Instituto podría justificarse en términos de la carga de trabajo que tendría con las nuevas atribuciones, éste puede llegar a ser interpretado como el intento por parte del presidente electo de asegurar que las futuras resoluciones del pleno del IFAI no lo afecten ni a él ni a los intereses que lo apoyaron durante su campaña. Por lo pronto, los cinco comisionados en funciones han saludado el proyecto de reformas en general. Habrá que ver cómo evolucionan las negociaciones en el Congreso y, por qué no, dar un voto de confianza a lo que se resuelva finalmente.
Lo que la iniciativa no reconoce, ni repara, es el exceso en que puede incurrir la ciudadanía al demandar información. En el esquema actual, el IFAI obliga a las entidades gubernamentales a proveer la información demandada en plazos muy breves, lo que en muchos casos implica una enorme carga sobre los funcionarios y empleados gubernamentales que tienen que proveerla. Es tan sencillo (además de gratuito) el procedimiento para obtener la información demandada (factor que contrasta con los costos y meses que se requieren para obtener el equivalente en países como Estados Unidos o Inglaterra) que se ha convertido en un mecanismo que emplean, por ejemplo, innumerables estudiantes para que los funcionarios y empleados gubernamentales les realicen su tarea. Es decir, en lugar de investigar, muchos estudiantes solicitan información y datos que no contribuyen a la transparencia pero sí a la carga sobre la burocracia, que incluye maestros, médicos, enfermeras, etcétera. Sería deseable que la iniciativa procurara un balance entre la transparencia (siempre deseable y benéfica excepto en asuntos que efectivamente demandan secrecía) y los excesos en que un mecanismo demasiado simple puede incurrir.
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