El mensaje del Ejército es claro y coordinado: el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de reducir su presencia en las calles, substituyéndolo con la policía. No es la primera vez que envía esta señal, pero se aprecia una urgencia renovada. Ante el incremento de la presión por parte de las organizaciones de derechos humanos y las críticas a la estrategia de seguridad, el Ejército teme convertirse en una suerte de chivo expiatorio del sexenio.
No es la primera vez que la presencia del Ejército en las calles como columna vertebral de la estrategia de seguridad es cuestionada. Ante las muertes en retenes carreteros ya se habían levantado voces exigiendo que se aboliera el fuero militar y que, en general, las fuerzas armadas rindieran mayores cuentas ante la justicia civil. De la misma forma, la interpretación de los poderes presidenciales –basada en tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y de la Ley Federal de Armas de Fuego que permiten que los soldados realicen tareas de seguridad, ha estado bajo cuestionamiento desde hace años. Sin embargo, en las últimas semanas, cuando no meses, se aprecia un cambio profundo en la marea política. Es natural que esto cree la percepción entre los mandos militares de que la doctrina legal y política que los había legitimado bien pueda cambiar en su contra en los próximos años.
De lado del Congreso, desde las primeras negociaciones de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional tanto legisladores del PRI como del PRD consideraron que la reforma solicitada por el Ejecutivo crearía un estado de excepción “light”, que permitiría al Ejército hacer uso pleno de capacidades de inteligencia sin supervisión judicial (intervenciones telefónicas e interrogatorios) y podría hacer persecuciones cuando lo considerara pertinente. Si bien lo cierto es que ninguna fuerza política quisiera quedar mal con el Ejército, es un hecho que este tipo de facultades abrían paso a la posibilidad de incontables abusos. Se entiende entonces el porqué a pesar de la presión, haya escasa voluntad de crear un marco normativo al vapor para el Ejército. Así las cosas, es de esperarse que éste permanezca en las calles durante algún tiempo más sin ninguna clase de respaldo jurídico sólido. Y la posibilidad permanente de una futura comisión de la verdad permanecerá sobre la cabeza de cada mando involucrado. Esta no es una situación deseable, pero tampoco lo sería otorgarles carta blanca desde ahora.
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