En la 32 Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el presidente Peña dio a conocer seis acciones a favor de la productividad. Sin embargo, estos puntos no son del todo aspectos que la impulsen, lo cual preocupa tomando en cuenta el poco halagüeño panorama del país en la materia. El mercado interno mexicano está desarticulado. El mercado exportador se ha reajustado ante los fuertes cambios fiscales de la última miscelánea aprobada en 2013, cuyo efecto dañó directamente su competitividad. Si bien diversas son las reformas y cambios en legislación secundaria que prometen crecimiento, la tasa aún no se ha ajustado a lo esperado –y no lo hará en el corto plazo— y la productividad, variable clave para el desarrollo del país, sigue en el mismo nivel que en 1979, es decir, se han perdido más de tres décadas en el rubro.
Productividad es hacer más con lo mismo o lo mismo con menos. De los seis puntos propuestos por el mandatario, el segundo sobre “mecanismos para facilitar el comercio y eliminar las barreras a la exportación” y el quinto de “reducir los tiempos en que se adjudica una obra y se inicia su construcción” son los únicos en verdad vinculados con el fomento a la productividad. De igual forma, el mayor acceso a financiamiento a MiPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) va en dirección de mejorar la reasignación eficiente de los factores de producción en el país. No obstante, el resto (la reducción del impacto adverso de las restricciones al uso de dólares en efectivo en la frontera; la mejora de las reglas de operación de los programas sociales; y la garantía de que en materia de hidrocarburos, gas y electricidad, haya un contenido nacional relevante) no promete una mejora productiva.
Es cierto que en algunos puntos de la legislación secundaria de las reformas constitucionales de 2013 hay puntos de impulso a la productividad. Ejemplos de esto fueron el ajuste completo al sector eléctrico o la determinación de que la Secretaría de Economía podrá bogar por una transferencia tecnológica puntual en los contratos de exploración y producción de hidrocarburos. También es verdad que el Programa para Democratizar la Productividad contiene una serie de recomendaciones abocadas a impulsar la productividad, particularmente la de promover la reasignación de factores productivos. Ahora bien, la constante de las seis acciones a favor de la productividad, enunciadas el 30 de mayo por el titular del Ejecutivo federal, es el aumento del flujo presupuestal y el flujo monetario hacia algunas empresas. Cabe recordar que este sector sufrió múltiples embates fiscales, así como fuertes paros de producción por lo lento que se desarrolló el gasto público, en especial el de infraestructura, durante los primeros dieciocho meses de gobierno. En este contexto, el anuncio parece haber apelado más a una necesidad política y electoral del presidente con la intención de congratularse con el empresariado nacional, y no tanto en un afán de construir una estrategia sólida de fomento a la productividad.
Dicho lo anterior, y a manera de propuesta, a continuación se enlistan seis puntos que podrían cumplir el objetivo del tan mencionado fomento a la productividad: (1) impulsar el desarrollo de competencias para reducir la brecha entre la oferta y demanda laboral en México, particularmente en actividades estratégicas (como la energética) y de alto valor agregado (como el sector servicios); (2) optimizar el gasto público, uno de los mayores rubros de movimiento de la dinámica económica, sobre todo por la existencia de duplicación de fondos, programas públicos que se contrapuntean en sus objetivos, y gasto en aspectos no vinculados al desarrollo productivo nacional; (3) asegurar la existencia de transferencia tecnológica en el sector energético (cosa muy distinta a pretender garantizar una cantidad “relevante” de contenido nacional); (4) establecer una política frontal de mejora regulatoria y de seguimiento del mismo proceso a nivel estatal (véase la necesidad imperante después del retroceso en los indicadores del Doing Business); (5) promover, por medio de fondos públicos, el incremento de la tasa de innovación de diseños y procesos productivos, así como evaluar el eventual ascenso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a nivel de secretaría de Estado; (6) abandonar la concepción de desarrollo sectorial, y tomar como objetivo el desarrollo de funciones similares en procesos industriales, modificando la concepción de fortalezas y áreas de oportunidad para desarrollar la cadena de proveedores en el país.
En suma, México lleva un retraso de treinta años en materia de productividad. Las seis acciones propuestas por el presidente poco cambiarán esta tendencia.
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