Como resultado de las reformas constitucionales que, en materia de competencia económica, se publicaron en junio de 2013, el Ejecutivo presentó el 18 de febrero de este año una iniciativa para promulgar una nueva Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
Este marco jurídico propuesto se presenta como una renovación a la regulación que en materia de competencia económica ha buscado garantizar la libre concurrencia en los mercados. Sustentado en el otorgamiento de la autonomía constitucional a la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), el propósito principal de esta reforma consiste, según lo expuesto por el Presidente de la República, en resolver las ineficiencias y las torpezas procesales que han caracterizado a los procedimientos en materia de competencia, y que han dificultado el cumplimiento del objetivo primordial de la extinta Comisión Federal de Competencia. Así, la nueva LFCE garantizaría una separación clara entre las facultades de investigación y decisión, ampliaría el catálogo de prácticas anticompetitivas para perseguir con mayor puntería las conductas ilegales, y aprobaría con mayor precisión las concentraciones que sean sujetas de escrutinio y autorización del órgano regulador. La iniciativa retoma algunas prácticas internacionales valiosas como sancionar a los responsables de prácticas anticompetitivas absolutas con penas de hasta el 10% de los ingresos del agente económico o hasta 180 mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Asimismo, la CFCE mantendrá la facultad de ejercitar acciones colectivas, y podrá jugar un papel protagónico al emitir opiniones no vinculatorias sobre políticas públicas, iniciativas de leyes y reglamentos; disposiciones de tratados internacionales, y, en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos. No obstante, muchas son las dudas que hasta ahora han surgido en diversos ámbitos, principalmente el sector privado, respecto al contenido de esta nueva ley y si realmente contará con los elementos necesarios para cumplir con los ambiciosos objetivos que plantea el Ejecutivo Federal.
Un gran riesgo en esta iniciativa de reforma radica en las consecuencias negativas que podrían ocasionar en la economía la falta de claridad en algunas definiciones o la incorrecta asignación de algunas facultades. Un ejemplo de ello es el concepto de acceso a insumos esenciales establecido en la Constitución y que está a cargo ahora de la CFCE. Dicho concepto requiere, como lo menciona Luis de la Calle, precisión aguda en la definición misma de “insumo esencial”, en la asignación de facultades para establecer quién puede solicitar la determinación de dicho insumo, y en la descripción del procedimiento técnico para conseguirlo. Si bien es cierto que el acceso a los insumos esenciales es crucial para asegurar una mayor y mejor asignación de los recursos en una economía, su uso discrecional puede prestarse a lógicas más políticas que económicas, poniendo en riesgos severos las primeras intenciones de la reforma promulgada en 2013. Es capital que las nuevas facultades estén aseguradas por contrapesos claros que naturalmente limiten una abusiva intervención del Estado para establecer controles tanto de precios, como de volúmenes y formas de acceder a dichos bienes. El exceso de regulación puede implicar retrocesos importantes en la modernización de la economía mexicana al generar incentivos contrarios a la garantía de la libre concurrencia. El gran riesgo de regresar a políticas económicas sostenidas por favores, intereses y ventajas o beneficios a favor de sólo algunos cuantos puede resultar demasiado caro para México en términos de crecimiento y desarrollo económico. Si la legislación secundaria carece de andamiajes claros en una visión de libre mercado, la reforma constitucional puede resultar inoperante para lograr mercados más eficientes, esto es, para asignar de mejor manera los recursos en beneficio de las mayorías. La gran tentación de legislar siguiendo una lógica más política que económica puede repercutir en un fortalecimiento del gobierno que no necesariamente implique un fortalecimiento del Estado de Derecho, el verdadero insumo esencial de la certidumbre jurídica para atraer inversiones de largo plazo. El dilema es muy claro: centralización de las decisiones y del poder o economía moderna y competitiva. Son dos modelos y dos estructuras claramente diferenciadas.
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