Las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) siguen en manos del Senado, por lo menos hasta que se resuelvan los desacuerdos entre senadores del PRI y del PAN. La reforma aprobada en lo general –que al culminar su discusión en el Senado tendrá que regresar a la Cámara de Diputados para su aprobación– incluye cambios políticos, avances en materia de sanciones y retrocesos en cuanto a poderes de investigación de la Comisión Federal de Competencia (CFC).
En el ámbito político, el PRI logra avanzar su propuesta a pesar de los reclamos de la bancada del PAN y de algunos en el PRD. La meta: que al convertir a la CFC en organismo descentralizado –como lo son el IFE y la CNDH, entre otros– el Senado pueda ratificar a los Comisionados designados por el Presidente, argumentando que eso dará mayor autonomía a la Comisión. Los panistas reclaman este último argumento, ya que a la luz los procesos de designación y ratificación en otros organismos –como los ya mencionados– es posible que ahora la autonomía resulte mermada por agentes privados operando a través del Senado. Esto sin mencionar que la transición para convertirse en organismo descentralizado desviará, al menos en el corto plazo, preciados recursos de las investigaciones a la operación administrativa del organismo.
Por otra parte, el avance en materia de sanciones es propuesto por el PRI como una medida que favorecerá a los consumidores. Nada más lejos de la verdad si, como reclaman los senadores panistas que ayer se retiraron de la mesa de discusión, no se acompaña esta atribución con el otorgamiento de mejores herramientas de investigación, como visitas de verificación sorpresa y la emisión de medidas cautelares. Lo esencial de los procesos para proteger la competencia es recoger evidencia relevante para determinar si existe o no una violación a la ley, no la amenaza –que sin herramientas de investigación se torna poco creíble– de tener que pagar una multa o acabar en la cárcel. Los incentivos continúan sin estar alineados para que exista mayor competencia económica y para que incremente el bienestar de los consumidores.
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