Han pasado cinco años desde que el Ejercito salió a las calles y aún no se cuenta con un marco normativo que le otorgue un fundamento legal para ello. De ahí que tanto el Presidente Calderon, como el Ejército, compartan la urgencia de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que legitime la estrategia de seguridad en el futuro y, también, los actos del pasado. El Ejecutivo, al impulsar la ley, se muestra consciente de la zona gris -entre la legalidad y la arbitrariedad- en la que se encuadran las funciones policiales, los actos de molestia, las detenciones, e incluso, las defunciones resultado de actos del Ejército. Este escenario tampoco ha sido obviado por la sociedad civil y se ha construido una fuerza opositora -protagonizada por Javier Sicilia- que contrasta con el discurso del Estado. En ese contexto, la nueva iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, presentada por el Diputado del PRI, Alfonso Navarrete Prida, abrió la puerta a una nueva discusión en la que la tendencia dominante es la desaprobación de la ley.
El hecho de que un diputado del PRI presentara una iniciativa que contempla una protección muy amplia para el Ejército generó especulaciones de una posible alianza entre el PAN y el PRI. Asimismo, se pensó que el objetivo de esta alianza tenía como trasfondo que la estrategia en seguridad podría trascender el sexenio. Más allá de estas especulaciones, el diseño de una iniciativa de ley que haga caso omiso a las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y que pretenda hacer una ley retroactiva en perjuicio de los ciudadanos, será muy probablemente intransitable -mientras más reflectores sean colocados en torno a la ley más evidentes serán sus debilidades.
Mientras que en el Congreso se ve indecisión y en el Ejecutivo poca flexibilidad, un punto interesante para la reflexión es que la sociedad civil se ve fortalecida y se alimenta de nuevos frentes. Esta semana, por ejemplo, de la propuesta en materia de seguridad pública presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional que fue apoyada y difundida por Javier Sicilia.
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