La impunidad en México no sólo se trata de crímenes contra la vida o la propiedad. En un país donde los delitos no se castigan, eventualmente, se pone en riesgo el ejercicio de libertades fundamentales. Esta semana, Frank La Rue, relator especial de la ONU para la protección de la libertad de expresión, declaró a México como el país más peligroso de America Latina -y el quinto en el mundo- para ejercer el periodismo. A partir de la administración de Vicente Fox, 66 periodistas fueron asesinados en México y 12 desaparecidos. Este año, 13 más han sido ejecutados. A pesar de que en 2010 se creó una fiscalía especial para delitos contra la libertad de expresión, aún no han logrado cerrar las investigaciones y, por lo tanto, tampoco castigar a los culpables.
La labor de los medios y sus reporteros resulta fundamental en cualquier democracia pero, en medio de una crisis de Estado de derecho, pueden ser el único canal por el que los ciudadanos logran enterarse de lo que sucede en su localidad. En Veracruz, por ejemplo, las autoridades no reportaron ningún secuestro ocurrido durante 2009. En contraste con los datos oficiales, los medios locales informaron sobre las organizaciones delictivas que operaban en la entidad, sus víctimas e incluso publicitaron las detenciones en las que las autoridades locales afirman haber capturado a algunos responsables. En ese contexto, la labor periodística se convierte en la única forma de contrastar el discurso gubernamental con la realidad.
La opacidad en la información y la desconfianza en las autoridades que imperan en Veracruz convierten a esta entidad en el blanco perfecto para atemorizar a la sociedad. El reciente encarcelamiento de dos personas que difundieron información en twitter sobre presuntos ataques del crimen organizado es prueba de ello. El pánico que generaron sus mensajes provocó que el congreso de Veracruz tipificara un nuevo delito para quien afirmara falsamente la existencia de explosivos o ataques ocasionando la perturbación del orden público. La nueva norma será evaluada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por posibles violaciones a la libertad de expresión. Entretanto, si las circunstancias de crimen e impunidad en el país se mantienen a la alza, las opciones de información y expresión de los ciudadanos podrían verse cada vez más restringidas, sobre todo, en la medida en que las autoridades respondan con autoritarismo a su incapacidad.
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