El 13 de marzo, durante un evento realizado en Tamaulipas, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, señaló que era “pronto para hablar de tendencias” en lo concerniente a los resultados del presente gobierno federal en materia de seguridad. Es verdad, en 103 días no es posible cambiar de uno o varios plumazos la realidad de fenómenos tan complejos como al que se refería Campa. Lo mismo puede decirse de los problemas estructurales de México, los cuales no serán atendidos adecuada y eficazmente con la simple promulgación de un decreto, ni con el otorgamiento de autonomías a destajo a las instituciones supuestamente necesitadas de ello, ni con las desgastadas declaraciones políticas de buenas intenciones, ni mucho menos –como gustaba tanto hacerlo a las administraciones federales anteriores—, a punta de anuncios en radio y televisión. Así, la pregunta propuesta aquí es, ¿qué sigue en los últimos 2,091 días de Enrique Peña en Los Pinos?
Si algo se ha notado en los primeros tres meses de la administración Peña Nieto es una clara y, sobre todo, contundente intención de diferenciarse de sus antecesores, en particular en el delicado rubro de los acuerdos políticos. Por ejemplo, la firma del Pacto por México sentó una agenda que, a pesar de la laxitud en cuanto a la mayoría de sus 95 puntos, ha tenido un significado político toral –exacerbado, por cierto, por la misma ambigüedad de sus postulados. Para el presidente Peña, la creación de una especie de “junta de notables a modo”, tomando ventaja tanto de su legitimidad como gobernante entrante, como del deseo de supervivencia de los debilitados grupos dirigentes dentro de los partidos de oposición, ha formado un enroque donde la oposición tiene –por ahora—reducidas posibilidades de escape. El poder de influencia conseguido a través del Pacto por México no sólo hizo innecesaria la utilización de la herramienta de la “iniciativa preferente” –la cual se pensó como un contrapeso a la preponderancia del Legislativo en un régimen donde se suponía se iría amainando la otrora omnipotencia del presidencialismo mexicano—, sino que ha convertido al Congreso, no en una segunda, sino en una tercera ventanilla para el proceso de leyes. De esta manera fue aprobada la reforma educativa; del mismo modo se redactó la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones; es de esperarse que así será el destino de las modificaciones en el ámbito fiscal y energético.
Ahora bien, todo lo anterior tiene límites. ¿De qué dependen? Primordialmente de que se vaya cambiando la realidad. Lo que tiene límites es el uso de la comunicación sin realización. El gobierno se ha distinguido por un extraordinario uso de la comunicación como instrumento del poder, pero éste tiene el límite inevitable del cambio de realidad: tiene que haber éxitos para poder controlar los daños del fracaso, y mantener la imagen de que “las cosas caminan”. Otro límite podría estar en los no tan lejanamente probables cambios de liderazgo en el PAN y el PRD. Hasta ahora, toda consecuencia del Pacto por México generará corresponsabilidad entre el gobierno y la oposición. Si los grupos de Gustavo Madero y Jesús Zambrano no sobreviven a sus respectivos procesos internos, y sus sucesores se deslindan del Pacto, podría surgir un obstáculo al paso “arrollador” de Peña. Empero, la otra cara de la moneda de ese escenario es que si los partidos terminan completamente divididos, igual le será suficiente al presidente con el PRI y sus aliados para continuar con sus proyectos, comenzando por el de afianzarse en el poder en sexenios subsecuentes.
Más de dos mil días pueden resultar insuficientes a un gobierno cuando hay tanto por hacer, aunque también podrían tornarse en una pesadilla si se cae en una vorágine de retórica sin referente en la realidad o de errores en la conducción de los asuntos clave. Todo podría estribar en el estilo personal…de tomar decisiones o de no hacer nada en la realidad que afecta a la población.
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