El 13 de septiembre, ante la inminencia de los festejos con motivo del Grito de Independencia –y de la entrada de la fuerza pública al lugar—, los maestros adscritos a la CNTE abandonaron la Plaza de la Constitución después de mantenerla ocupada por varias semanas. A pesar de que la gran mayoría de los profesores abandonaron el Zócalo, un grupo menor permaneció para enfrentar a la policía federal, la cual tras una serie de altercados, logró ocupar la plancha. El hecho generó una serie de reacciones que polarizaron a la sociedad. No obstante, ¿cuáles son las principales implicaciones de dicha acción?
El desalojo de los maestros se produjo en un contexto de gran tensión. La decisión (tardía) de emprender el operativo policiaco presentaba un escenario de incierto desenlace. En México, el uso legítimo de la fuerza pública suele invocar a fantasmas de tragedias pasadas cuyo recuerdo es motivo suficiente para provocar intranquilidad. Cualquier gobierno carga con dicho estigma y su desaparición se encuentra condicionada al desarrollo de protocolos y capacitación policiaca que disminuya las posibilidades de una tragedia. En ambos rubros queda aún mucho por hacer. A pesar de que la autoridad afirmó la ejecución de un operativo “impecable”, lo cierto es que se suscitaron los usuales abusos policiacos en la ejecución de detenciones. La cordura terminó prevaleciendo en ambas partes.
En relación a la percepción ciudadana, el operativo generó la sensación de un uso selectivo de la fuerza pública. ¿Acaso eran las fiestas patrias un motivo más poderoso para una acción de esta índole que, por ejemplo, la cancelación de clases en decenas de escuelas en diversas entidades, el bloqueo del principal aeropuerto del país, las afectaciones a comercios y negocios (según la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, el plantón del Zócalo habría ocasionado pérdidas económicas superiores a 750 millones de pesos), o el trabajo de las cámaras legislativas? Así las cosas, las dudas ciudadanas sobre las prioridades gubernamentales quedan justificadas. Otro asunto que preocupa es la radicalización de los discursos alrededor de los acontecimientos. Por una parte, se encuentran quienes ven en cualquier acción policiaca un signo indubitable de violación de derechos humanos y, por otra, quienes exigen un uso de la fuerza despótico, incluso cruel, en menoscabo de las garantías fundamentales de los inconformes. El Estado no debe amedrentarse al momento de aplicar la ley, pero no tiene por qué ir más allá y complacer los ciegos reclamos de turbas en redes sociales tan o más iracundas que aquellas apostadas en las calles. Además, en principio, no tendría por qué haber desalojo si ni siquiera se permite un secuestro del espacio público, cuya propiedad es de todos.
En un sistema político caracterizado por instituciones débiles, poca representatividad de las instancias legislativas y limitada capacidad de procesamiento o prevención de conflictos, es inevitable que tenga que combinarse la tolerancia hacia quienes protestan con la acción eficaz de la autoridad para proteger los derechos de la población en general. Es ese balance el que no se ha logrado alcanzar. Por lo que toca específicamente a la CNTE, lo que destaca es la aparente incapacidad de la autoridad para a) comprender la naturaleza de la organización, sus motivaciones y estructura; b) la inexistencia (o decisión de no emplear) inteligencia susceptible de desarticular el movimiento de antemano; y c) disposición a separar los temas propiamente laborales de los académicos -además de los radicales de los moderados- para poder avanzar hacia una eventual solución del conflicto recurrente.
Por último, no se debe olvidar que la hiperbólicamente llamada “toma del Zócalo” no da punto final a los conflictos emanados de la estancia de las secciones de la CNTE en el Distrito Federal (de hecho, la sección 9 radica ahí). Los maestros inconformes piden echar abajo la reforma educativa y no han dado ni un paso atrás en su reclamo. No es sólo cuestión de bloqueos o plantones que migren de una plaza o avenida a otra. Eso no es negociar y solucionar un problema. De cara a las resistencias esperadas, no sólo en el tema educativo, sino en otros donde el gobierno pretende encauzar sus esfuerzos reformistas, las capacidades de negociación son torales. De otro modo, la toma de decisiones se entorpece, la inconformidad no concluye, y el avance es ficticio. Pero, en la medida en que se están juntando distintos proyectos de reforma cada uno de los cuales genera oposición en las calles, el gobierno haría bien en comenzar a actuar de manera preventiva antes de que se le junte toda la oposición en un movimiento unificado.
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