Sin modificación alguna a la salud financiera del sistema de pensiones y el sistema de salud, ser adulto mayor en México es, además de incosteable, un verdadero reto a la vida.
En los últimos 83 años, la esperanza de vida en México pasó de 33 a 71.7 años para los hombres y de 34.7 a 77.4 años para las mujeres. Esto es, desde 1930 la expectativa de vida de los mexicanos y las mexicanas aumentó en 123% y 117%, respectivamente. Tal dinámica ha encendido los focos de alerta de los sistemas nacionales de salud y de pensiones, ya que se estima que nuestro país no podrá satisfacer la demanda del creciente número de adultos mayores, mismo que se incrementa en seis millones cada diez años y que, para 2050, se espera ascienda a 24 millones. Poco más del 51% de los adultos mayores viven con ingresos por debajo de la línea de bienestar, que para zonas urbanas es de 2,329 pesos mensuales y para zonas rurales es de 1,490 pesos mensuales.
Bajo las condiciones de vida que les espera a los adultos mayores, ¿podrán darse “el lujo” de seguir viviendo? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen ni siquiera el beneficio de una pensión o a la seguridad social por haber sido excluidos del sector formal? ¿Qué vejez le depara a los jóvenes que son empujados a la economía informal por la falta de oportunidades para estudiar y trabajar? ¿Y para aquellos que están en el sector formal pero su situación laboral no les provee servicios de salud o seguridad social? ¿Cómo podrán costear su vejez? ¿Será acaso que la expectativa de vida en México ha llegado a su punto más álgido? Aunque fatalistas, estas preguntas son cada vez más vigentes y, sus respuestas, urgentes. Veamos por qué.
En primer lugar, el sistema de pensiones está en verdadero peligro de no cumplir sus compromisos. Senadores del Partido Revolucionario Institucional, liderados por Manlio Fabio Beltrones, han manifestado que los análisis actuariales de las dependencias federales y estatales establecen que, de no darse cambios estructurales en el sistema de pensiones, se acabarán las reservas para cubrir los pagos correspondientes en 2015.
El monto de compromisos a nivel federal y estatal equivale a 88% del presupuesto para el ejercicio 2013-2014, lo cual equivale a la friolera cantidad de 3.02 billones de pesos. De estos, el déficit mayor corresponde a las entidades federativas, el cual asciende a 1.3 billones de pesos. Sin embargo, otros tres organismos paraestatales destacan por sus grandes deudas: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 694.9 mil millones de pesos, Petróleos Mexicanos con 677.1 mil millones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad con 274.4 mil millones de pesos. Finalmente, otro foco rojo es la deuda de las universidades públicas de México: 449.5 mil millones de pesos. Pero, además de las onerosas obligaciones en materia de pensiones, preocupa el hecho de que el sistema actual excluye a dos terceras partes de los trabajadores y, para 2038, tal exclusión podría aumentar al 80%.
En segundo lugar, el sistema de salud en México está desahuciado. A pesar de la creación del Seguro Popular, 1 de cada 4 mexicanos todavía carece de servicios de salud públicos. Pero incluso aquellos que sí tienen acceso corren el riesgo de dejar de ser beneficiarios de dichos servicios.
El IMSS, que atiende a 50% de la población mexicana, presenta un déficit de 18 mil millones de pesos anuales y, este mismo año agotará los recursos que tiene para hacer frente a sus obligaciones relacionadas al pasivo laboral. Además, para hacer frente a sus obligaciones en el pago de pensiones, el IMSS tiene que desviar recursos que utiliza para la operación diaria de los servicios que ofrece y, para 2016, agotará el fondo que tiene para los seguros de invalidez y vida y el de riesgos de trabajo.
Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presenta un pasivo laboral de 6.03 mil millones de pesos y déficits en cinco de sus seguros (salud, retiro, cesantía en edad avanzada, vejez y riesgos de trabajo) por 9.74 mil millones de pesos. De esta forma, tanto el IMSS y el ISSSTE se ven en la necesidad de desviar recursos de sus operaciones diarias para poder cumplir con sus obligaciones.
En tercer lugar, “México no madurará como buen vino” porque ha desaprovechado su bono demográfico. El nuevo milenio comenzó para México con la promesa de que la población que estaría en edad de trabajar sería mayor a la población dependiente, es decir, niños y adultos mayores. Bajo ciertas condiciones, se esperaba que dicha transición demográfica se convirtiera en una ventana de oportunidad que impulsara la actividad productiva y, por consiguiente, el crecimiento económico del país. Algunas voces, empero, apuntaban que dicho bono demográfico podría representar un costo a largo plazo para nuestro país si no era aprovechado de forma adecuada. A casi 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México no ha podido capitalizar su gran base de fuerza laboral, ya que desde la firma de dicho tratado el país ha experimentado un crecimiento promedio anual de tan sólo 2.3%. De esta forma, la incapacidad de la economía mexicana para abastecer a sus habitantes con oportunidades de empleo, ha orillado a muchos de ellos –en edad productiva– a buscar dichas oportunidades del otro lado de la frontera norte.
En cuarto lugar, no hay oportunidades para que los jóvenes tengan acceso a una vida digna. Por un lado, cada año, un gran número de jóvenes se queda sin la oportunidad de ingresar a una institución de educación superior. Si bien es cierto que la Secretaría de Educación Pública activó un Programa Emergente para dar acogida a 45.6 mil estudiantes en distintas universidades participantes, el programa resulta insuficiente e insatisfactorio, ya que sólo ofertará plazas para el 22.8% de estudiantes rechazados y 33% de los lugares se trata de programas presenciales. Por otro lado, las barreras a los jóvenes para acceder a una vida digna continúan cuando buscan ingresar a un estrecho y altamente competitivo mercado laboral. Muchos de ellos –con estudios o sin ellos– no logran tener éxito, pues se calcula que 56% de la población desocupada en México son jóvenes.
En quinto lugar, crece la informalidad y los empleos formales en malas condiciones. Debido al bajo crecimiento económico, el sector informal ha crecido de manera ininterrumpida en nuestro país; tan sólo en el primer semestre de 2013, medio millón de mexicanos se incorporaron a dicho sector, el cual se caracteriza –entre otras cosas– por los salarios bajos y la inestabilidad laboral. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 45% de los individuos de entre 25 y 29 años con estudios terminados trabaja en áreas no profesionales. Además, se calcula que seis de cada diez empleos en el país se encuentran dentro del mercado informal.
En el caso de los jóvenes, 64% de ellos no tiene acceso a un trabajo formal, lo cual significa que 9.4 millones de ellos no gozan de los servicios de las instituciones públicas de salud. Sin embargo, aunque algunos jóvenes si encuentran un empleo formal, generalmente lo hacen en los sectores de turismo, transformación y construcción, ramas de la actividad económica de baja remuneración (los salarios promedio rondan los 6 mil pesos mensuales). Una de las promesas de la reforma laboral de Felipe Calderón era que aumentaría el empleo. La realidad es que dicha reforma no sólo ha fallado en su propósito, sino que produjo un efecto negativo en la calidad del mismo, ya que ha facilitado que las empresas sustituyan el número de plazas de tiempo completo por esquemas que no representan una vinculación laboral, lo cual deja a los trabajadores sin prestaciones como servicios de salud pública y fondo de retiro.
Finalmente, las iniciativas de reformas energética y social y hacendaria no están diseñadas para afrontar el reto. La reforma social y hacendaria, lejos de ser un compendio de medidas dirigidas a movilizar a millones de mexicanos del sector informal hacia el formal, como su discurso lo promueve, provee incentivos que fomentan el engrosamiento del sector informal. Además, bajo la figura del seguro universal, auspicia la creación de un programa asistencialista que parece enviarle el siguiente mensaje a la población: “peor es nada”. Por su parte, la reforma energética no contempla la creación de un Fondo Soberano que administre la renta petrolera a largo plazo.
El ejemplo más conocido y de mayor relevancia para el caso mexicano es el Fondo de Pensiones Noruego que, administrado por la empresa paraestatal Petoro, se espera alcance la cifra de 717 mil millones de dólares a finales de 2014. Si la reforma energética considerara algo similar y se establecieran mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo del fondo, México tendría la opción de utilizar esos recursos para hacerle frente a sus obligaciones de pensiones o para solventar la operación diaria del sistema de salud.
Sin modificación alguna a la salud financiera del sistema de pensiones y el sistema de salud, ser adulto mayor en México es, además de incosteable, un verdadero reto a la vida. Adicionalmente, la transición demográfica que experimenta el país impondrá una mayor presión a esta problemática al engrosar las filas de mexicanos que requieran servicios de salud y un fondo de retiro para su vejez. Se dice popularmente que “los jóvenes tienen toda su vida por delante”. Sin embargo, en un país en el que escasean las oportunidades para su desarrollo profesional, ya sea por la escueta oferta educativa superior o técnica, así como por la falta de plazas en el mercado formal de trabajo –con remuneraciones dignas y provisión de servicios de salud y de un fondo de retiro– preocupa la espesa opacidad de su futuro.
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