Después de que Joaquín López Dóriga anunciara, la semana pasada, que cancelaría el debate en su programa de radio con los precandidatos de la izquierda al Gobierno del Distrito Federal, se desató una polémica sobre la legalidad de transmitir debates de precandidatos que no sean organizados por el Instituto Federal Electoral (IFE) y transmitidos en tiempos oficiales. El origen de esta discusión reside en que IFE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitieron criterios encontrados sobre este punto. Mientras que el IFE sostiene que los debates pueden realizarse de manera libre, el Tribunal Electoral determinó -en una resolución de septiembre de 2011 a propósito de un litigio en el estado de Nayarit- que los debates sí deben estar regulados y que el hecho de que un medio (radio o televisión) transmitiera un debate entre precandidatos podía constituir la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión. La Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), por su parte, argumenta que los lineamientos no son claros, que las multas son un riesgo real y que, por tanto, no asumirá el riesgo de conducir un debate de tal naturaleza.
Aunque es cierto que la legislación electoral contiene muchas áreas grises y que el IFE no ha ejercido la facultad de establecer criterios claros a través de sus reglamentos, también es cierto que el caso de Nayarit no establece un precedente del cual se pueda concluir que el IFE o el TEPJF busquen impedir este tipo de ejercicios. Más aún, los consejeros del IFE se involucraron en la reciente discusión mediática e insistieron en subrayar la utilidad periodística de los debates pues fortalecen la vida democrática. Sin embargo, obviamente preocupados por potenciales sanciones, los medios no parecen estar dispuestos a confiar en la voluntad de los consejeros y, en cambio, han creado un escenario en el que las imperfecciones y vacíos de la ley simplemente no podrán ser obviados.
En ese contexto, puede preverse que la discusión sobre la reforma constitucional de 2007 persistirá tanto por parte de una industria que se ha visto afectada en su ingreso como por la rigidez que ha introducido en la vida política. Entre tanto, mientras la incertidumbre impere, los medios no tendrán incentivos para provocar la confrontación de plataformas políticas de los precandidatos. Después de que la reforma electoral de 2007 les quitara la posibilidad de vender los espacios en radio y televisión, el interés por llevar a la ciudadanía información completa sobre sus próximos gobernantes disminuirá. Si el IFE no clarifica sus criterios con celeridad y los medios continúan buscando piedras en el arroz, el gran perdedor de esta dinámica será el electorado. El dilema es dónde yace el justo medio: cómo mejorar la calidad de la contienda electoral sin, al mismo tiempo, incurrir en controles que no son aplicables a la realidad. Entre estos dos factores residen inmensas oportunidades para el conflicto político y para que hagan de las suyas quienes se han visto directamente afectados.
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