La crisis de corrupción que vive el Instituto Nacional de Migración (INM) constituye un duro golpe al discurso del Presidente Calderón -que ubica como principal enemigo al crimen organizado- ya que es en su propia administración donde funcionarios públicos colaboran con las organizaciones del crimen dedicadas al secuestro, la extorsión, el tráfico y el asesinato de migrantes que intentan cruzar el territorio nacional hacia Estados Unidos.
El problema es además de complejo, añejo. La legislación que había estado operando desde 1974 otorgaba amplios espacios de discrecionalidad a la autoridad migratoria, lo que le permitía de igual forma extorsionar a los migrantes, que entregarlos a delincuentes a cambio de dinero. Esto, aunado a la incapacidad del INM para reclutar, monitorear y supervisar a sus funcionarios -particularmente a los agentes migratorios y miembros de los Grupos Beta- hace de la participación de funcionarios públicos en actos ilegales una constante.
Por otro lado, la inexperiencia de los funcionarios designados como titulares del INM o mandos superiores -coordinadores y delegados regionales- cuyo único mérito es su afinidad con el gobierno en turno, habla de la utilización de la institución con fines partidistas y de pago de favores políticos. Este fenómeno se consolida con la ausencia de responsables ante los distintos escándalos en que se ha visto envuelta la institución recientemente, desde el hallazgo de 72 migrantes muertos en Tamaulipas, hasta el descubrimiento de la participación de agentes migratorios en el secuestro de migrantes.
Finalmente, la ausencia de una política migratoria integral, que establezca el carácter estratégico de la función migratoria -tanto en materia de seguridad pública como de seguridad nacional- aumenta las probabilidades de que el INM navegue sin rumbo, con liderazgos inocuos y donde miembros del propio instituto operen al margen de la ley.
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