Con el decreto presidencial que exige el registro de compradores de armas en los estados del suroeste norteamericano, la admnistración del Presidente Obama logra, en primer lugar, responder a la crisis interna que se desató a partir del operativo Rápido y Furioso. En segundo lugar, acercarse -en una coyuntura electoral- a la base liberal de su partido que apoya un mayor control de armas. Y, finalmente, atender a las demandas del gobierno mexicano en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.
El decreto establece que los vendedores de armamento en estados del suroeste de Estados Unidos deberán reportar casos en los que vendan múltiples rifles de asalto a la misma persona en un periodo de cinco días. Es decir, se trata de una medida acotada que responde a una lógica política interna que, además de dar gusto a los liberales del partido demócrata, parece no resultar tan ofensiva a los grupos que arduamente defienden la Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana (el derecho a portar armamento).
La medida reafirma también el discurso de colaboración que ha manejado la administración Obama con el gobierno mexicano en el tema del narcotráfico y da un guiño al Presidente Calderón, quien personalmente había realizado un llamado para controlar la venta de armamento en aquel país. Esencialmente, Obama logra aprovechar la coyuntura del escándalo derivado del operativo impulsado por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, para tomar una decisión política ingeniosa dentro de un espacio de maniobra reducido y congraciarse con su vecino sin pagar costos tan altos. Un ejemplo de trabajo político.
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