El 30 de mayo de 2011, la Relatora Gabriela Karina Knaul de Albuquerque y Silva, presentó ante la ONU el Informe sobre la Independencia de Magistrados y Abogados. Éste fue realizado en muchos países, sin embargo, la situación del sistema de justicia en México mereció una adición especial. Las últimas conclusiones del documento plantean una realidad que, aunque conocida, no deja de ser devastadora, más cuando es enunciada por una instancia internacional: el acceso a la justicia sigue siendo una deuda del Estado mexicano respecto a muchos de sus ciudadanos -mujeres, indígenas, inmigrantes y personas en situación de pobreza que habitan en zonas rurales. Y la reciente reforma al sistema penal, que contribuirá a mejorar aspectos clave para un verdadero acceso a la justicia, no parece gozar -de acuerdo con la relatora- una decidida, constante y uniforme voluntad política.
Pero, como su nombre lo indica, el sistema de justicia es una maquinaria compuesta de muchas instituciones que tienen un desempeño distinto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resalta en el informe como un tribunal que ha dado muestras de apertura y modernización, que tiene un compromiso con la rendición de cuentas y que ha sistematizado las propuestas de la comunidad jurídica nacional. Sin embargo, la tarea de proteger derechos fundamentales no sólo es propia de la SCJN. Como mención especial, la relatora hizo énfasis en la decisión del Congreso de elevar a rango constitucional la figura del arraigo a pesar de que la Corte, años antes, ya la había declarado inconstitucional. Como nota para los legisladores, el arraigo fue considerado por la ONU como una figura arbitraria e incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal.
Por supuesto, el tema de la violencia y el crimen organizado fue una preocupación central del documento, no obstante, la debilidad estructural en la investigación de los delitos pasó a un segundo plano ante la presencia de corrupción, principalmente en los ámbitos estatal y municipal. Esta apreciación resultó particularmente atinada porque, tres días antes de la presentación del informe, el Consejo de la Judicatura Federal denunció ante la Procuraduría General de la República a un Secretario de Juzgado de Distrito de Monterrey por presentar en una de sus cuentas movimientos irregulares por más de 400 millones de pesos. Esta noticia sólo es muestra de que el desafío más grande que hoy enfrenta el país es la disparidad de la calidad de la justicia entre la Federación y los estados, y también, entre aquéllos que pueden pagarla y los que no. Desafío que tendrá que enfrentarse ante el señalamiento internacional.
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