La naturaleza jurídica de los órganos reguladores –como la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones– se ha colocado en el debate de la clase política, particularmente en el Congreso. Si bien es cierto que el actual diseño institucional de los órganos reguladores es obsoleto, también lo es que antes de proponer una reforma que los rediseñe por completo es importante entender para qué se está proponiendo el cambio. En juego están dos temas. El primero es la participación que el Congreso debería tener en la designación de comisionados y la rendición de cuentas de los órganos reguladores. El segundo es la asignación de presupuesto a los mismos.
La bancada del PRI en el Senado se muestra consternada por el nivel de interferencia política que el Ejecutivo ejerce sobre los órganos reguladores y para eso propone un mayor involucramiento del Legislativo. Sin embargo, otorgar autonomía constitucional a estas instituciones no necesariamente las blindaría contra la interferencia política, ni de los diferentes poderes de gobierno, ni de los privados a quienes regulan, como tampoco garantizaría que contaran con el presupuesto y personal suficientes.
Si, como ocurre con el Instituto Federal Electoral hoy en día, esta reforma implicara que cada nombramiento y asignación presupuestal concerniente a los órganos reguladores tendría que pasar por una negociación política, no necesariamente se resolvería el tema de la interferencia política. Conceder mayor autonomía, por sí misma, no cambiará el desempeño de los órganos reguladores. Lo verdaderamente esencial es sentar las bases para contar con órganos reguladores que entiendan bien su objetivo (para qué regular) y que cuenten con las facultades y herramientas (presupuesto y personal) necesarias para promover mercados más competitivos. El rol del Legislativo podría ser muy positivo en esta discusión, pero hasta ahora las razones dadas en el debate parecen las equivocadas.
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