Los cuerpos sin vida de 35 personas encontrados en una de las principales vías de Boca del Río, Veracruz, pasaron a segundo plano cuando se difundió en Internet un video en el que cinco hombres de “La nueva generación del Cártel de Jalisco” se adjudicaban la autoría de los homicidios. Su discurso, dirigido a autoridades y ciudadanía, anunció el inicio de una guerra en contra del Cártel de los Zetas, de ahí el mote de matazetas. Se trata de una presunta limpieza que, si bien podría tener que ver únicamente con recuperar mercado o plazas de drogas, también incorpora -paradójicamente- la defensa de principios éticos.
En los medios, estos vengadores anónimos, fueron presentados como paramilitares. El problema de usar un término de esa naturaleza es que se refiere a todo grupo privado, con una estructura militar, que se arma paralelamente y al margen del monopolio de la fuerza que detenta el Estado. Pero un paramilitar puede o no estar alineado a los intereses del gobierno. La vaguedad de la definición se ha prestado a toda clase de conjeturas: si son quienes dicen ser, si fueron contratados desde algún área de gobierno, si se trata de un grupo privado financiado por empresarios o si es el primer grupo de civiles armados en busca de autodefensa. Elucubrar sobre la naturaleza de los grupos resulta un ejercicio necesario, sí, pero secundario cuando se entiende que podría ser uno o todos los supuestos anteriores los que podrían estar sucediendo en México.
En paralelo, un problema tan grave como la posibilidad de actuar al margen de la ley -de la forma más violenta posible y sin castigo- es que la población comience a legitimar este tipo de prácticas. La promesa de una entidad sin secuestros, sin muertes, sin robo y sin funcionarios corruptos, es desde luego deseable. El riesgo es que ante la incapacidad del Estado para proveer seguridad a su población, hacer realidad esa promesa se perciba más creíble viniendo de grupos fuera de la ley.
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