El accidente en una plataforma de la sonda de Campeche dejó un saldo trágico de 22 personas fallecidas y daños ambientales cuantiosos. El saldo incluye también un odioso componente político. La falta de mantenimiento, la ineficiencia en las medidas de seguridad y los probables ilícitos en la contratación y supervisión de empresas proveedoras saltaron al centro del debate público. El incidente –que se suma a una amplia serie de siniestros– pone en jaque a la dirección de PEMEX y al proyecto de reforma que esta impulsa. Los más beneficiados con mantener el status quo son los tres poderes fácticos de la paraestatal: sindicato, funcionarios-técnicos y contratistas.
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