En 2009 se destinaron más de 100 mil millones de pesos a programas de apoyo a sectores productivos. Para entender la magnitud de esta cifra basta con decir que es equivalente al presupuesto total asignado al ramo de seguridad pública. El gobierno reconoce que la falta de competitividad constituye un problema importante para el país y aboca cuantiosos recursos a programas que, al menos en teoría, buscan resolverlo. Por lo tanto, el uso de estos recursos debería estar encaminado a promover una mayor productividad y competitividad empresarial que a su vez contribuya al desarrollo del país.
Un análisis elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) sobre esta clase de programas revela que no necesariamente atacan las ineficiencias en el mercado o eliminan los obstáculos regulatorios que inhiben el óptimo desarrollo de los sectores en cuestión. Inclusive, varios de los programas analizados tienden a responder a objetivos de carácter social y presupuestal, o se encuentran capturados por grupos de interés y, por lo tanto, se quedan cortos en su afán de promover la productividad y competitividad de las empresas.
Diferentes índices de competitividad colocan a México por debajo de sus principales socios comerciales y competidores, datos que se trasladan a la realidad empresarial del país. Las empresas enfrentan un sistemático problema de acceso a crédito (más del 50 por ciento se financia a través de proveedores a muy altas tasas de interés[1]). Falta infraestructura básica (de transporte por ejemplo) que cada empresa por sí misma no tiene capacidad de crear. A su vez, muchas empresas deciden no invertir en investigación y desarrollo para innovar porque no se aseguran sus derechos de propiedad. A otras les falta información completa, sobre todo si se trata de empresas pequeñas (PyMEs) que desean exportar sus productos pero no tienen conocimiento de mercados externos.
Estas ineficiencias justificarían la creación de diversos programas: los que apoyan a PyMEs en su búsqueda de nuevos mercados; los que proveen bienes públicos como carreteras o aeropuertos para atraer más inversión; o los que proporcionan créditos fiscales a las empresas que innoven.
Sin embargo, la mayoría de los programas analizados para el apoyo a PyMEs, innovación, y atracción de inversión, no responden directamente a estas ineficiencias. Por ejemplo, los estados muchas veces compiten entre sí para atraer inversión extranjera sin que a nivel federal se coordinen los esfuerzos para asegurar la mayor rentabilidad de la inversión para el país. En el caso de las PyMEs, se asignan recursos con criterios estrictamente sociales, sin que se compruebe que el gasto se tradujo en mejoras a la productividad y competitividad de las empresas –ambos objetivos de la política PyME.
Lo preocupante es que los recursos destinados a estos programas no se aprovechen para una verdadera transformación industrial. El costo de no resolver estas ineficiencias adecuadamente se traduce en oportunidades perdidas para crear algo nuevo que impulse el desarrollo del país.
[1] Encuesta de Evolución del Financiamiento de las Empresas, Banxico
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