El tema de la redefinición de los subsidios energéticos podría considerarse uno poco popular políticamente. Cuando la ciudadanía escucha mes a mes que el gobierno federal ha vuelto a aplicar un aumento en el precio de la gasolina, por ejemplo, la reacción común es de preocupación –por no decir, de molestia—respecto a una escalada inflacionaria. Sin embargo, en esta elección hemos visto a los candidatos pronunciarse a este respecto. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, ha señalado que reestructuraría el esquema actual de subsidios debido a que hoy en día incrementan la desigualdad por beneficiar a quienes más poder adquisitivo tienen al consumir combustibles que incorporan un subsidio. El priísta Enrique Peña Nieto ha sido más cauteloso al declarar que estudiaría la política de precios de los energéticos. Gabriel Quadri (Nueva Alianza) –quien además ha dedicado gran parte de su carrera a temas ambientales- ha hecho hincapié en el alto costo y efecto ambiental negativo de estos subsidios por lo que propone su eliminación total. En el lado opuesto, Andrés Manual López Obrador se ha posicionado a favor de reducir el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica, o sea, a aumentar el subsidio. Dicha promesa podría parecer contradictoria a otra de sus propuestas de campaña, la cual consiste en promover un uso racional de la energía.
En la actualidad, el funcionamiento de los subsidios energéticos presenta tres problemas básicos. Primero, son regresivos, es decir, agravan la situación de desigualdad. Su carácter generalizado tiende a beneficiar a quien más consume, o sea, a quienes cuentan con mayores ingresos. Segundo, cada año el gobierno mexicano gasta en promedio más de 200 mil millones de pesos para subsidiar energéticos. Esto es relevante porque estos recursos dejan de invertirse en la solución de problemas más urgentes, como la pobreza o la educación. Tercero, al abaratar artificialmente los precios, fomentan un elevado consumo de energéticos, lo cual tiene consecuencias inmediatas negativas sobre el medio ambiente además de que inhibe la transición hacia tecnologías más limpias o hacia sistemas de transporte más sostenibles. La reestructuración de los subsidios energéticos es necesaria y urgente, toca entonces valorar cuál de las posturas de los candidatos es más viable dada lo poco rentable políticamente de la medida.
Ahora bien, la eliminación progresiva de los subsidios ya es una realidad. El gobierno actual ha emprendido una política de incremento gradual del precio de la gasolina –conocido como “gasolinazo”- la cual, a pesar de ser percibida como algo negativo entre la ciudadanía, se ha mantenido. La focalización –de la cual ningún candidato ha hablado- resulta también una política que podría reducir el costo y realmente beneficiar a las familias de menores recursos. Los controles de consumo –no confundir con el racionamiento— son otra alternativa a evaluarse, en particular sus eventuales mecanismos. Un ejemplo de esto sería otorgar el subsidio vía la facturación y la devolución de impuestos. Esto promovería la cultura de la disciplina fiscal entre los consumidores, a la par de fomentar un uso más racional de los energéticos. Desafortunadamente, ante problemas estructurales de nuestro país como la corrupción y la inseguridad, el auge del mercado negro quedaría como un riesgo latente. Por el contrario, una política de disminución de precios, aunque sin duda popular, sería por demás irresponsable en términos fiscales. Así, más allá de las promesas de campaña, surge la pregunta acerca de qué acciones tomaría realmente cada uno de los candidatos y qué costos estarían dispuestos a asumir, en caso de resultar ganadores, a fin de reducir las consecuencias negativas ambientales, presupuestales y regresivas de los subsidios energéticos.
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