En el Congreso se habla de una posible reforma a la Ley Federal de Competencia Económica antes de que termine el periodo de sesiones ordinario en abril. Se trata de una discusión que lleva tiempo en la agenda pero que no se ha concretado debido a los poderosos intereses que rodean el debate.
El llamado de la Comisión Federal de Competencia (CFC), con el respaldo de la comunidad internacional, hace énfasis en el aumento de las multas, el establecimiento de sanciones penales, y el fortalecimiento de los poderes de investigación de la Comisión para poder aplicar las mismas con mayor efectividad. Del otro lado de la discusión grupos empresariales y legisladores que se han pronunciado a favor de realizar una reforma, si bien mencionan la importancia de aumentar las multas, colocan el acento en exigir mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de la Comisión.
Estas dos visiones no están peleadas, al contrario, van de la mano. Sin embargo, el diablo está en los detalles. Si la promoción de la transparencia implica mayores procesos de revisión que, lejos de incrementar la rendición de cuentas, permite a los agentes económicos retrasar aún más el proceso de investigación, entonces los beneficiarios de las reformas serán aquellos que más se oponen al aumento de multas e imposición de sanciones.
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