Han transcurrido casi cuatro meses desde que el presidente Peña envió al Senado su iniciativa de reforma energética. A unos días de concluir el periodo ordinario de sesiones del Congreso (15 de diciembre), y después de muchos avatares políticos, parece que finalmente verán la luz las modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales. No obstante, aún prevalecen algunas inquietudes sobre eventuales factores que pudieran “patear” la aprobación de la reforma hasta 2014. El principal ejemplo de ello, no lo es el cerco que simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador han instalado alrededor del recinto senatorial, sino un llamado del influyente líder panista, Diego Fernández de Cevallos, a tener cautela respecto al contenido de las propuestas a debate. La reforma energética no sólo se remite a la fundamental apertura planteada en la iniciativa presidencial original. Existen cuestiones cruciales cuya deliberación no debe perderse de vista, ni ponerlas en jaque ahogándolas con negociaciones políticas confusas.
Posponer la apertura energética constitucional para 2014 tendría importantes implicaciones tanto para el gobierno federal, como para el país. Incluso, aunque tal vez sea mucho pedir, lo ideal sería contar con los contenidos a detalle de la reforma, sea en transitorios o en leyes reglamentarias, antes de concluir el año (un periodo extraordinario de sesiones no vendría del todo mal si fuese necesario). Lo cierto es que, un escenario donde no se inicie la implementación de la reforma durante el primer semestre del próximo año, sería gravísimo para la credibilidad económica de México, ya que el paupérrimo crecimiento económico que tuvo el país en 2013 ha dañado su imagen frente a los mercados. No es exagerado señalar que el éxito de la gestión de Enrique Peña Nieto está ligado de forma inexorable no únicamente a la aprobación de una reforma atropellada cualquiera (como la mayoría de las que han pasado en los últimos meses), sino a la puesta en marcha de un esquema que en verdad detone el máximo potencial del sector energético. Esto no es materia de una ley perfecta en el papel, sino de una operación adecuada.
Andar legislando de madrugada y a las carreras, dificulta el debate serio de los congresistas. Aunque exista un acuerdo previo sobre la versión de la reforma a aprobar, podría dejar de lado cuestiones tan importantes como la corrupción reinante en PEMEX y toda la problemática laboral dentro de la paraestatal, es decir, tanto el corrupto régimen sindical, como el preocupante elemento de los pasivos de la empresa. En cuanto al pasivo laboral de PEMEX, el cual representa 64% de sus activos, éste podría dificultar la relación de la paraestatal con los potenciales inversionistas. En otro tenor, la poca claridad sobre cómo administrará el Estado la renta petrolera tendría que explicarse. La discusión acerca de la modalidad de los contratos petroleros y el cuestionamiento si se privatiza o no la industria, han ensombrecido los temas más escabrosos de la reforma energética. ¿Habrá apertura en el sector eléctrico, y qué tan profunda será? ¿Se le dará más fuerza a los órganos reguladores o concentrará el Ejecutivo todos esos controles a través de la Secretaría de Energía? Hay que notar que una reforma aperturista sin un debido marco regulatorio no permitirá al país cosechar los beneficios que tanto ha pregonado el gobierno y concentrará el beneficio de muchos en sólo unos cuantos.
En suma, la reforma energética no nada más se remite a un acuerdo político satisfactorio, sino a una planeación técnica, operativa y con visión a largo plazo que hagan valer la pena el esfuerzo –y, por qué no decirlo, la parafernalia colateral—de haber roto uno de los tabús más petrificados del nacionalismo mexicano. La pregunta es si será posible lograr un hito como éste. Todo sugiere que, temprano o tarde, la reforma constitucional será aprobada. Sin embargo, no es igualmente obvio que la propuesta de reforma a las leyes secundarias sea la necesaria, que esta no sea modificada por todos los intereses que en la actualidad se benefician del statu quo o que el prometido (o amenazado) referéndum (sin que exista legislación que lo haga operativo) logre descarrilarla, al menos en tiempo. La moneda está en el aire.
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