A tan solo unos días de iniciados los foros de discusión sobre la propuesta de reforma política del presidente Calderón las voces en su contra parecen mayoría. Académicos, partidos políticos e incluso la ciudadanía se han pronunciado de manera negativa –unos sobre la reforma en general, otros sobre partes específicas. ¿Cómo es que nuevamente se crea un ambiente pesimista en torno a una de las reformas llamadas estructurales e indispensables para el país?
Si bien existe cierto consenso sobre los motivos para impulsar una reforma de esta naturaleza –la ampliación de los derechos ciudadanos, la formación de mayorías y el acercamiento de los legisladores con sus representados– el debate permite visualizar –incluso magnificar– muchos de sus potenciales vicios y peligros. Y es que más allá de las intenciones, el verdadero reto está en encontrar la instrumentación de las reformas que impidan que se materialicen dichas amenazas en caso de una eventual aprobación.
En el ámbito de los partidos políticos, dejando de lado el discurso, no existen incentivos para acompañar estas reformas. Por ejemplo, la elección consecutiva de legisladores minaría la disciplina que las dirigencias de los partidos ejercen sobre éstos; y el veto del Presidente fortalecería la posición del ejecutivo en detrimento del legislativo.
Finalmente, el que de acuerdo con encuestas el 80% de la población (Consulta Mitofsky) se declare en contra de uno de los elementos más emblemáticos de la reforma (la reelección), si bien habla de un componente muy arraigado en la cultura política mexicana, también pone de manifiesto que el Gobierno Federal ha fallado en comunicar a la población cuáles serían los beneficios específicos de aprobarse estas iniciativas.
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