En 2012, durante el periodo de transición de gobierno, el entonces presidente electo Peña Nieto anunció como prioridades la presentación de una serie de iniciativas para legislar en materia de transparencia, anticorrupción y publicidad gubernamental. A más de un año del inicio de su gestión, sólo se materializó la reforma al IFAI –no exenta de polémica en el proceso—, mientras que la anticorrupción está detenida en el Congreso y la de publicidad gubernamental ni siquiera tiene un primer borrador. Acerca de este último asunto, dada la coyuntura derivada del escándalo por el derroche en propaganda de la imagen del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, la posibilidad de elaborar una ley para regular el tema ha regresado.
Si bien la intención de regular el gasto en publicidad gubernamental está incluida dentro de los 95 puntos del Pacto por México, ha distado de ser prioritario. No obstante, existen rumores acerca de la posibilidad de que el Ejecutivo utilice su facultad de iniciativa preferente en el próximo periodo legislativo para impulsar la creación de un órgano autónomo a cargo de la fiscalización del particular. Aquí cabe preguntar si es necesaria la creación de otro órgano regulador.
Hasta ahora, las acciones de la administración Peña han respondido a una lógica centralizadora. La eventual creación de un órgano regulador de los gastos en propaganda gubernamental podría ir más en esa tendencia de control político, y no tanto estar inspirada en un ánimo genuino de fiscalización. Un órgano confeccionado a modo distorsionaría sus pretendidos fines y podría funcionar como un mecanismo para ejercer mayor control sobre los medios de comunicación y, principalmente, las aspiraciones políticas de diversos actores públicos. Quizá detrás de la intención de instaurar un órgano regulador se esconda el deseo de impedir que algún gobernador repita la fórmula utilizada por Peña para llegar del Palacio de Gobierno de Toluca a Palacio Nacional. Por otra parte, habría que ponderar la relación costo-beneficio, sobre todo considerando que en México se acostumbra edificar entes burocráticos gigantescos que terminan siendo ”elefantes blancos” más onerosos que el mismo tema a resolver. Entonces, ¿qué alternativas hay?
Ciertamente, el débil control sobre el gasto en publicidad le ha permitido a varios gobernadores posicionar su imagen a nivel nacional, sin que existan consecuencias capaces de inhibirlos más allá de la desaprobación pública –la cual por cierto suele diluirse rápidamente-. Uno de los primeros obstáculos para regular el gasto es la inexistencia de incentivos para los actores involucrados. Por un lado, gran parte de los medios de comunicación permanecen vigentes (es decir, se mantienen) gracias a los aportes gubernamentales y, por otro, distintos actores de todos los partidos políticos se han beneficiado de la exposición mediática. Así, aunque la bancada de Acción Nacional en el Senado presentó en septiembre pasado una iniciativa en la materia, poco eco tuvo en el resto de los grupos parlamentarios e, incluso, en otros miembros de la fracción panista.
Ahora bien, ¿qué tantas probabilidades tiene la presentación de una iniciativa preferente en el tema de publicidad gubernamental? Debido a la cantidad de temas legislativos pendientes emanados de las reformas de 2013–y algunos urgentes por los plazos constitucionales marcados para la creación de leyes secundarias (los cuales no es que precisamente se suelan honrar)—, pareciera complicado. Sin embargo, darle carácter preferente a una propuesta no prioritaria podría desviar la atención de la importancia de concluir la reglamentación de reformas como la energética y la de telecomunicaciones, incluso de la político-electoral. Los escándalos mediáticos como el descrito al inicio del texto van y vienen, son recurrentes, tienen caducidad y, peor aún, terminan respondiendo a la lógica de “es mejor que hablen, aunque sea mal”. Por tal razón, de nuevo se está ante el riesgo de erigir instituciones inservibles y costosas al calor de una coyuntura.
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