Siguen pasando las semanas de 2014 y la economía mexicana continúa de capa caída y los cuestionamientos sobre la gestión del gobierno federal en dicho rubro van en aumento. Esa fue la tónica de la reunión de la Asociación de Banqueros de México la semana pasada, donde se le inquirió al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, acerca de esta problemática. Pese a la paciencia que pide el titular de Hacienda, argumentando que las reformas que necesitaba el país son de mediano y largo plazo, una economía vapuleada puede ser devastadora para el proyecto del presidente Peña y, en particular, para el desempeño del PRI en las elecciones intermedias de 2015.
El primer trimestre de 2014 no ha cambiado la tendencia lúgubre del magro crecimiento económico de 2013. La mayoría de las instituciones financieras han revisado sus expectativas de crecimiento a la baja para este año y están todas alrededor de 2.5 por ciento. El año pasado se consideró que el principal factor detrás del paupérrimo crecimiento de 1.06 por ciento del PIB fue el gasto tardío por parte del gobierno. Este año, SHCP ha liberado cuantiosos recursos a las dependencias, producto de la miscelánea fiscal de 2013. No obstante ello, dicha medida no se ha visto traducida en un crecimiento más acelerado. De acuerdo al subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, las dependencias federales han incrementado mucho su gasto en el primer bimestre de 2014, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior: Energía, 495 por ciento; Comunicaciones y Transportes, 308 por ciento; Agricultura, 198.5 por ciento; Turismo, 152.6 por ciento; Economía, 123.3 por ciento. La otra perspectiva es que las recesivas medidas fiscales aprobadas en 2013, han afectado a consumidores y empresas, contrarrestando el posible efecto positivo del incremento en el gasto público. También es posible que haya una reticencia a invertir ante la incertidumbre en el manejo del gasto.
La receta del gasto gubernamental para echar a andar la economía mexicana no ha surtido efecto en lo que va del año porque su financiamiento, cuando no ha sido con deuda contraída por el gobierno, ha sido cobrando más impuestos a los contribuyentes cautivos y, de enorme importancia, a los consumidores de bienes básicos (en el sentido de consumo) como refrescos y dulces, que ahora cuestan más. El cobro de más impuestos en momentos de debilidad económica es una medida recesiva que afectó fuertemente el consumo de las personas –apenas recuperándose en marzo, pero aún en niveles inferiores a los de 2013–y la inversión de las empresas (cayendo 0.6 por ciento en enero). En suma, se ha generado un efecto de expulsión de la inversión privada (crowding out effect).
El gobierno federal le ha apostado al mayor crecimiento a partir de las reformas. Sin embargo, ésta es una apuesta de mediano y largo plazo, además de que aún se debe esperar a ver cuál será el efecto de las leyes reglamentarias pendientes de aprobarse en el Congreso. Hasta el momento y por lo que se ha conocido en materias como competencia y telecomunicaciones, los grupos de interés afectados han ido ganando terreno y, en no pocos casos, han conseguido “descafeinar” los alcances de las modificaciones constitucionales vía sus respectivas legislaciones secundarias. Por si fuera poco, ninguna de estas reformas ataca dos problemas fundamentales que constreñirán el potencial de las mismas: la ausencia de un Estado de derecho y la parte de la economía que opera al margen, es decir, en la informalidad.
Una de las causas principales del problema de desarrollo económico del país ha sido la incapacidad de los gobiernos para hacer valer el Estado de derecho, situación que lacera la certidumbre jurídica necesaria para la inversión. Un ejemplo claro de esta situación se da en sectores como el energético, donde México no tiene un esquema de seguridad para inversiones estratégicas (basta ver a lo que se enfrentan las empresas que hoy están trabajando en estados como Tamaulipas). Paralelamente, la informalidad –y la productividad decreciente que tienen estos negocios –es la otra vertiente que está limitando el crecimiento del país. El gobierno lo está atacando desde una perspectiva social, olvidando el costo que tener dos economías, una productiva y formal, y una improductiva e informal, genera en las expectativas de crecimiento.
El poco crecimiento económico es ya un verdadero problema para el PRI rumbo a las elecciones intermedias del 2015. Y aunque el resultado de dichos comicios dependerá también de si los partidos de oposición logran organizarse como fuerzas competitivas, dejando atrás sus múltiples problemas, lo cierto es que Hacienda y la administración Peña no tienen mucho espacio para equivocarse.
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